Niñas y adolescentes Awajún entre la indolencia y la impunidad

Por otro lado, debe involucrarse al MINSA porque hay comunidades tan alejadas que hasta llegar a la sede del médico legista, se pierde la carga de prueba, pero sobre todo porque son responsables de entregar el KIT DE EMERGENCIA, que incluye una OE, descarte de VIH y PREP[1], ¿cómo es posible que recién se haya podido hacer la prueba de descarte a esas niñas, cuando por ley es lo primero que se debe efectuar?

Luego, la justicia ordinaria y la administrativa deben coordinar con las autoridades comunales, que pueden por ejemplo ayudar en la detención civil de los agresores y en las evidencias, con testimonios, etc.

Lamentablemente, todavía hay comunidades donde sus estatutos establecen especies de “tarifarios” de cuánto dinero debe dar el presunto agresor a la familia de la víctima, según la edad de la niña, si era virgen, etc. Esto se ha venido corrigiendo con el impulso de las federaciones, apus, líderes y lideresas, pero falta unificarlo para cada nación o pueblo.

Estas malas praxis no implican que sea una práctica culturalmente aceptada. Por el contrario, en gran parte la culpa es de nuestra intromisión no planificada y vertical, impidiendo las formas ancestrales de justicia por usar el castigo físico, sin ofrecer un sistema efectivo de justicia. Nuestra justicia ordinaria también incluye reparaciones pecuniarias, y peor aún, existen malos jueces que venden la impunidad, como el “hermanito Hinostroza”.

A veces, un dinero, una chacra, un bote, es lo único que permitirá a la víctima y a la familia poder sostenerse, ya que el estigma contra las niñas a quienes les dicen ‘chigkaku’ que significa “rota”.

Somos parte del problema, y es ahora nuestra responsabilidad a través del MINCUL y del área de justicia intercultural del poder judicial (ONAJUP), acompañar un proceso autónomo de los pueblos para garantizar la protección de las infancias y las mujeres.
En concreto, pensando en las brechas existentes, algunas acciones urgentes son:

• Facilitar la colaboración entre la justicia ordinaria y administrativa.
  Restaurar los listados de docentes procesados por violencia sexual, para evitar su contratación en otras IIE públicas o privadas en lo que dura su proceso administrativo.
• Diferenciar los delitos de violencia sexual, de los de terrorismo y narcotráfico en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento para que la destitución definitiva no deba esperar a sentencia firme, sino con sentencia en primera instancia, con cargo a revisión y resitución si en la máxima instancia se concluye inocencia.
• Ampliar la censura del ejercicio profesional a otros profesionales que atienden a infancias en los ámbitos públicos y privados, así como ampliar el veto a los maestros agresores, más allá del sistema educativo, a toda entidad donde tenga contacto con niñas, niños y adolescentes.
• Fortalecimiento de las capacidades, equipamientos, personal y presupuesto de las UGEL y DRE para una respuesta intersectorial y articulada en territorio, en diálogo con espacios como la Instancia Provincial de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley 30364.
• Implementar los protocolos de entrega del Kit de Emergencia desde el MINSA.
  Capacitación a operadores de justicia (PNP, MP, JP) tanto en este tipo de delitos, como en justicia consuetudinaria.

1.2 Reparación y atención a las víctimas.

Lo principal es el acceso a justicia, la no revictimización, y la atención integral en salud. Si bien en Condorcanqui ya se cuenta con un Centro de Salud Mental Comunitaria, su personal y presupuestos son insuficientes, y no logran desplazarse a las comunidades donde están las víctimas. Por no hablar de la necesidad de fortalecer sus competencias interculturales.

Paralelamente, garantizar la permanencia de las estudiantes víctimas, trabajar para que no sean estigmatizadas en la escuela y la comunidad. Al mismo estar alertas si a consecuencia de la violación son llevadas a una unión o matrimonio forzado con el agresor, o si producto de la violencia están embarazadas, considerando su derecho al aborto terapéutico por ser un embarazo de riesgo.

Evidentemente, también garantizar las atenciones en salud sexual y reproductiva, como el acceso a retrovirales en quienes hayan contraído VIH.

2. Prevención

Siempre que pensamos en respuesta, estamos tarde, porque el daño está causado, por ello, algunas ideas orientadas a la prevención.

• Educación Sexual Integral, ¿cómo es posible que ayer se aprobara el PL7579 (Ley que otorga el derecho de los padres a exonerar a sus hijos de los cursos que contengan educación sexual integral) ¿cómo va a distinguir una niña que está siendo acosada o abusada si la información no se la dan en la escuela?, porque el espacio donde ocurren más los abusos es en las propias familias.
• Atención en Salud Sexual Reproductiva adolescente, en condiciones que garanticen una perspectiva intercultural, de género y sobre todo etaria.
• Fortalecer prácticas comunitarias de prevención como el consejo en pueblos amazónicos y los cantos anen femeninos en el pueblo awajún en particular, como elementos culturales protectores y de promoción de relaciones igualitarias.
• Promover la reflexión en los propios hombres awajún y de otros pueblos indígenas u originarios y afroperuanos sobre sus roles y expresión de su masculinidad
• Capacitación a docentes en ESI desde la formación inicial y en formación continua. Actualmente son las ONGs y algunas universidades e institutos privados quienes están cubriendo esta necesidad.

Pero para poder poner en marcha, estas y otras recomendaciones que vienen siendo alcanzadas hace años, se requiere decisión política, y un liderazgo que exprese una preocupación genuina por las personas y los pueblos originarios. La ignorancia y desprecio por las mujeres y los pueblos indígenas son el principal obstáculo para que los tomadores de decisión implementen acciones, y dejen de justificarse desde sus prejuicios machista, racista y centralista.