Por Candelaria Ríos Indacochea

Vocal de Foro Educativo

La violencia sexual de docentes contra estudiantes awajún lleva ya varios años, y aunque el MINEDU lo sabe hace una década, y ha desplegado diversas acciones de respuesta, no hay un impacto real en las vidas de las niñas.

Los primeros casos que empezaron a ser denunciados fueron porque al quedar embarazada la niña producto de la violación, las familias y comunidades demandaban que el padre (agresor sexual) pasara una pensión. Hablamos de niñas y familias muy empobrecidas en zonas muy alejadas y desatendidas por el estado.

Se trata de un problema con multiplicidad de causas y consecuencias, por lo que se requiere una respuesta múltiple y articulada. El sector cuenta con un diagnóstico, pero se espera que la dirección encargada de la convivencia (DIGC) y la responsable de EIB (DIGEIBIRA) sean quienes respondan, cuando la respuesta debe incluir a todo el sector de manera articulada con los territorios. Lejos de fortalecer la intervención descentralizada este año se han quitado las 601 plazas de apoyo a las UGEL, incluyendo los apoyos legales para las comisiones de proceso administrativo disciplinario a docentes (CPADD).

Es importante resaltar que lo que vive la nación awajún es una tragedia que linda con el genocidio. Hay juristas y especialistas en DDHH que señalan que la violencia sexual no es solo un crimen de lesa humanidad, sino que en determinadas circunstancias puede considerarse genocidio.

Desde los años ochenta el antropólogo Willy Guevara viene investigando el suicidio en mujeres awajún, y esta acción se vincula directamente con formas de violencia de género, como lo retrata en el documental “Las hijas de Nantu” del 2018. En el estudio “Desenrollando la madeja de la impunidad” del MINEDU y UNFPA se da cuenta que una respuesta recurrente de niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual es el atentar contra sus vidas. A ello sumamos una pandemia de VIH, que no es reciente, sino que lleva más de 20 años afectando a los awajún.

Son todas situaciones que ponen en riesgo la vida de mujeres awajún, pero también su salud sexual y reproductiva, por lo que está en peligro la supervivencia del pueblo o nación awajún, que es un derecho colectivo reconocido en el Convenio OIT169 y la Declaración de NNUU de derechos de los PPII.

¿Cómo debemos actuar?

En primer lugar, qué NO hacer, no se necesita otra comisión ad-hoc que vaya a seguir indagando y a revictimizar a las niñas. Se tienen dos estudios sobre esta problemática: “Desenrollando la Madeja de la Impunidad” y “Violencia en el Mundo Awajún”, ambos desarrollados y publicados con el propio MINEDU.

Lo que se requiere es un abordaje intersectorial en dos niveles: la prevención y la respuesta.

1.     Respuesta al problema:

La respuesta tiene que ver tanto con la persecución y sanción a los agresores, como con la continuidad educativa y salud integral de las víctimas.

1.1. Persecución y sanción: En este punto convergen tres tipos de justicia: La ordinaria (penal), la consuetudinaria (PPII) y la administrativa del sector educación.

Mientras estas tres instancias son incapaces de coordinar entre sí, los perpetradores, van burlando una y otra haciendo que se entorpezcan mutuamente. Actualmente el marco normativo del MINEDU contra agresores sexuales es bastante robusto, y determina primero la separación preventiva del presunto agresor mientras dure el proceso administrativo, y de ser encontrado culpable de falta es separado definitivamente del ejercicio docente público y privado.

En este punto, aún no nos referimos a la sentencia penal, eso puede tomar más tiempo, y perfectamente un docente puede ser culpable de falta administrativa e inocente en lo penal. Vayamos a otro tema para ejemplificar: si un profesor falta a su trabajo recibe sanción administrativa, pero no irá a la cárcel. Igualmente, puede que no sea plausible de condena penal porque hubo un consentimiento de una estudiante mayor de 14 años, pero sigue siendo una falta administrativa que un profesor se relacione con una alumna, y por tanto debe ser separado del ejercicio docente, aunque no vaya a la cárcel.

Parte del problema para que los procesos administrativos sean céleres y eficaces, es la recolección de evidencia. Las instancias del MINEDU no pueden hacer ciertas investigaciones cuando se trata de un delito, y si no tienen suficientes evidencias para la sanción administrativa deben esperar a que las genere fiscalía, y es allí que los docentes se reciclan cambiando de escuela o pasando al ámbito privado al dilatarse el proceso.

Esa es una primera necesidad de articulación entre Ministerio Público, la Policía, la DEMUNA, el Programa Aurora (CEM, ER) y demás operadores de justicia con las UGEL y DRE.

Por otro lado, debe involucrarse al MINSA porque hay comunidades tan alejadas que hasta llegar a la sede del médico legista, se pierde la carga de prueba, pero sobre todo porque son responsables de entregar el KIT DE EMERGENCIA, que incluye una OE, descarte de VIH y PREP[1]¿cómo es posible que recién se haya podido hacer la prueba de descarte a esas niñas, cuando por ley es lo primero que se debe efectuar?

Luego, la justicia ordinaria y la administrativa deben coordinar con las autoridades comunales, que pueden por ejemplo ayudar en la detención civil de los agresores y en las evidencias, con testimonios, etc.

Lamentablemente, todavía hay comunidades donde sus estatutos establecen especies de “tarifarios” de cuánto dinero debe dar el presunto agresor a la familia de la víctima, según la edad de la niña, si era virgen, etc. Esto se ha venido corrigiendo con el impulso de las federaciones, apus, líderes y lideresas, pero falta unificarlo para cada nación o pueblo.

Estas malas praxis no implican que sea una práctica culturalmente aceptada. Por el contrario, en gran parte la culpa es de nuestra intromisión no planificada y vertical, impidiendo las formas ancestrales de justicia por usar el castigo físico, sin ofrecer un sistema efectivo de justicia. Nuestra justicia ordinaria también incluye reparaciones pecuniarias, y peor aún, existen malos jueces que venden la impunidad, como el “hermanito Hinostroza”.

A veces, un dinero, una chacra, un bote, es lo único que permitirá a la víctima y a la familia poder sostenerse, ya que el estigma contra las niñas a quienes les dicen ‘chigkaku’ que significa “rota”.

Somos parte del problema, y es ahora nuestra responsabilidad a través del MINCUL y del área de justicia intercultural del poder judicial (ONAJUP), acompañar un proceso autónomo de los pueblos para garantizar la protección de las infancias y las mujeres.
En concreto, pensando en las brechas existentes, algunas acciones urgentes son:

  • Facilitar la colaboración entre la justicia ordinaria y administrativa.
    Restaurar los listados de docentes procesados por violencia sexual, para evitar su contratación en otras IIE públicas o privadas en lo que dura su proceso administrativo.
  • Diferenciar los delitos de violencia sexual, de los de terrorismo y narcotráfico en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento para que la destitución definitiva no deba esperar a sentencia firme, sino con sentencia en primera instancia, con cargo a revisión y resitución si en la máxima instancia se concluye inocencia.
  • Ampliar la censura del ejercicio profesional a otros profesionales que atienden a infancias en los ámbitos públicos y privados, así como ampliar el veto a los maestros agresores, más allá del sistema educativo, a toda entidad donde tenga contacto con niñas, niños y adolescentes.
  • Fortalecimiento de las capacidades, equipamientos, personal y presupuesto de las UGEL y DRE para una respuesta intersectorial y articulada en territorio, en diálogo con espacios como la Instancia Provincial de Concertación para la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el marco de la Ley 30364.
  • Implementar los protocolos de entrega del Kit de Emergencia desde el MINSA.
    Capacitación a operadores de justicia (PNP, MP, JP) tanto en este tipo de delitos, como en justicia consuetudinaria.

1.2 Reparación y atención a las víctimas.

Lo principal es el acceso a justicia, la no revictimización, y la atención integral en salud. Si bien en Condorcanqui ya se cuenta con un Centro de Salud Mental Comunitaria, su personal y presupuestos son insuficientes, y no logran desplazarse a las comunidades donde están las víctimas. Por no hablar de la necesidad de fortalecer sus competencias interculturales.

Paralelamente, garantizar la permanencia de las estudiantes víctimas, trabajar para que no sean estigmatizadas en la escuela y la comunidad. Al mismo estar alertas si a consecuencia de la violación son llevadas a una unión o matrimonio forzado con el agresor, o si producto de la violencia están embarazadas, considerando su derecho al aborto terapéutico por ser un embarazo de riesgo.

Evidentemente, también garantizar las atenciones en salud sexual y reproductiva, como el acceso a retrovirales en quienes hayan contraído VIH.

2. Prevención

Siempre que pensamos en respuesta, estamos tarde, porque el daño está causado, por ello, algunas ideas orientadas a la prevención.

  • Educación Sexual Integral, ¿cómo es posible que ayer se aprobara el PL7579 (Ley que otorga el derecho de los padres a exonerar a sus hijos de los cursos que contengan educación sexual integral) ¿cómo va a distinguir una niña que está siendo acosada o abusada si la información no se la dan en la escuela?, porque el espacio donde ocurren más los abusos es en las propias familias.
  • Atención en Salud Sexual Reproductiva adolescente, en condiciones que garanticen una perspectiva intercultural, de género y sobre todo etaria.
  • Fortalecer prácticas comunitarias de prevención como el consejo en pueblos amazónicos y los cantos anen femeninos en el pueblo awajún en particular, como elementos culturales protectores y de promoción de relaciones igualitarias.
  • Promover la reflexión en los propios hombres awajún y de otros pueblos indígenas u originarios y afroperuanos sobre sus roles y expresión de su masculinidad
  • Capacitación a docentes en ESI desde la formación inicial y en formación continua. Actualmente son las ONGs y algunas universidades e institutos privados quienes están cubriendo esta necesidad.

Pero para poder poner en marcha, estas y otras recomendaciones que vienen siendo alcanzadas hace años, se requiere decisión política, y un liderazgo que exprese una preocupación genuina por las personas y los pueblos originarios. La ignorancia y desprecio por las mujeres y los pueblos indígenas son el principal obstáculo para que los tomadores de decisión implementen acciones, y dejen de justificarse desde sus prejuicios machista, racista y centralista.

Referencias

[1] La PrEP, o Profilaxis Pre-Exposición, es un método de prevención del VIH que se ofrece de forma gratuita en los establecimientos de salud como parte de la estrategia de prevención combinada.


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