Carlos Nino Silva Flores
Asociado y miembro del Consejo Directivo de Foro Educativo.
El discurso de la presidenta de la república Keiko Fujimori en materia educativa debe leerse con cuidado. No solo por lo que dijo, sino sobre todo por lo que calló. Durante la campaña electoral de primera y segunda vuelta, Fuerza Popular presentó una oferta educativa más amplia: infraestructura, conectividad, herramientas digitales, formación docente, educación técnica, becas, créditos educativos y una promesa de modernización del sistema. En el mensaje presidencial, esa agenda se achicó. La educación quedó reducida a alimentación escolar, matemática, lectura, formación docente en términos generales, kits escolares, mejoramiento de escuelas y prevención del embarazo adolescente.
El primer mensaje presidencial de un periodo de gobierno suele marcar las prioridades reales del gobierno que empieza, y aquí lo que aparece es una educación entendida más como soporte social básico y mejora instrumental de aprendizajes que como derecho, ciudadanía, igualdad, interculturalidad y democracia. En suma, el discurso de Keiko Fujimori reconoce algunos problemas reales y coloca temas importantes como alimentación, aprendizajes y primera infancia; pero sus prioridades en educación resultan estrecha frente a la magnitud del desafío: dice igualdad y movilidad social, pero calla sobre aquello que haría posible esa igualdad en serio: EIB, ruralidad, secundaria, educación superior, ESI[1], ciudadanía democrática, memoria, financiamiento y rectoría pública.
Aquí, cuatro puntos que me generan como reflexión:
1. Lo que sí debe valorarse desde la educación pública como derecho
Es correcto afirmar que ningún niño puede aprender con hambre. Colocar alimentación escolar, anemia, desnutrición y pobreza infantil como parte de la agenda educativa reconoce algo fundamental: el derecho a la educación no existe en el aire. Para aprender se necesita alimentación, salud, cuidado, protección y condiciones mínimas de vida.
También es positivo que se diga que no basta con la matrícula, que las y los estudiantes deben aprender. La escuela pública no puede resignarse a solo ampliar cobertura sin garantizar lectura y matemática, tal como lo mencionó. Es importante, además, que se hable de formación docente, expansión y mejoramiento de escuelas, herramientas digitales y materiales educativos.
La frase más potente del discurso es esta: “La educación pública deberá volver a ser la verdadera herramienta de igualdad y movilidad social”.
Esa afirmación, tomada en serio, podría abrir una ruta. Pero ahí está el problema: tomada en serio exige mucho más de lo que el propio discurso desarrolla.
Porque fortalecer la educación pública como derecho no es solo alimentar, construir, repartir kits o mejorar resultados en pruebas de matemática y lectura. Es garantizar que niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos aprendan en buenas condiciones sin importar si viven en Lima, Ica, la Amazonía, una zona rural, una comunidad indígena o una periferia urbana. Es impedir que la escuela pública siga siendo pobre para pobres, mientras quienes pueden pagar acceden a mejores oportunidades.
2. Silencios y omisiones: lo más importante fue lo que no dijo
No dijo nada sobre educación secundaria, salvo el embarazo adolescente. Y eso es muy serio. La secundaria es hoy uno de los nudos críticos del sistema: abandono, trayectorias interrumpidas, falta de pertinencia, violencia, salud mental, trabajo adolescente que les impide asistir a la escuela, embarazo, inseguridad, desconexión entre escuela, vida, ciudadanía y futuro laboral. Reducir adolescencia a embarazo es mirar solo una parte del problema.
No dijo nada sobre educación rural, salvo una referencia general a zonas rurales, Amazonía y comunidades indígenas dentro de la política de infancia. Pero en educación no aparece una política clara para cerrar brechas territoriales. Y son justamente las escuelas rurales, amazónicas, altoandinas, multigrado y de frontera las más golpeadas por infraestructura precaria, falta de más docentes preparados, ausencia de conectividad, transporte, materiales, acompañamiento pedagógico y servicios básicos.
No dijo nada sobre educación intercultural bilingüe. Ese silencio afecta directamente a niñas, niños y adolescentes indígenas, que tienen derecho a aprender en su lengua, desde su cultura y sin ser tratados como ciudadanos de segunda. Si se habla de Amazonía y comunidades indígenas, pero no se habla de EIB, entonces estamos ante un reconocimiento decorativo de la diversidad, no ante una política educativa intercultural.
No dijo nada sobre enfoque de género ni educación sexual integral. Solo habló de prevenir embarazo adolescente. Pero prevenir embarazo sin hablar de ESI, violencia sexual, autonomía, consentimiento, relaciones de poder, salud sexual y reproductiva, masculinidades y protección integral es quedarse en la superficie. Y ese silencio golpea especialmente a niñas y adolescentes mujeres, más aún en zonas rurales, pobres e indígenas.
No dijo nada sobre violencia estructural, violencia escolar ni violencia contra las mujeres. Tampoco sobre convivencia democrática, memoria histórica, derechos humanos o ciudadanía crítica.
En un país atravesado por autoritarismo, racismo, negacionismo y desprecio hacia los pobres y los diferentes, ese silencio no es técnico: es político.
No dijo nada sobre educación superior universitaria. Tampoco sobre educación superior tecnológica, CETPRO, institutos, SUNEDU o reforma universitaria. En campaña sí había una oferta más amplia sobre educación técnica y becas; en el discurso solo reaparece ampliar Beca 18 dentro de “Jóvenes con Futuro”, pero sin una política de educación superior pública, calidad, investigación, empleabilidad territorial o reforma institucional.
No explicó cómo financiará lo que promete. Habla de expansión, mejoramiento, kits, alimentación, programas sociales, infraestructura y reactivación económica, pero sin ruta presupuestal clara. Y eso importa, porque sin financiamiento, las promesas educativas terminan siendo anuncios; y cuando además se habla de reforma tributaria y laboral en términos generales, se abre una preocupación legítima: que el costo del ajuste vuelva a caer sobre derechos laborales y servicios públicos, mientras se preservan privilegios para los sectores de siempre.
Finalmente, el discurso no asume ninguna responsabilidad política por el diagnóstico que hace y la situación catastrófica que denuncia. Presenta un país abandonado, debilitado, a la deriva, como si Fuerza Popular no hubiera tenido responsabilidad central en estos años desde el Congreso, en la obstrucción política, la producción de normas regresivas, liderar la coalición que gobernó estos últimos años, la captura de instituciones y el debilitamiento del Estado. Es como si alguien incendiara tu casa, apareciera luego con un balde de agua, te abrazara y ofreciera reconstruirla.
3. Escenarios de política educativa
El primer escenario es el de una política educativa asistencial y de infraestructura. Alimentación escolar, kits, conectividad, mejoramiento de escuelas y aprendizajes básicos. Puede tener impacto visible, puede ser popular y puede atender demandas reales. Pero si se queda ahí, no transforma el sistema. Mejora algunas condiciones, pero no cambia la estructura que reproduce desigualdad.
El segundo escenario es el de una modernización sin derechos. Es decir, más herramientas digitales, más metas, más gestión, más compra pública, pero sin enfoque de igualdad, interculturalidad, ESI, ciudadanía democrática ni rectoría pública fuerte. Ese es el riesgo principal: que haya inversión y obras, pero no necesariamente fortalecimiento de la escuela pública como espacio de democracia, diversidad e igualdad.
El tercer escenario es el de una educación subordinada al proyecto político conservador. Si la centralidad de la familia y la subsidiariedad estatal se convierten en el eje real, podría abrirse presión sobre currículo, ESI, enfoque de género, memoria histórica, participación estudiantil y autonomía docente. Allí la escuela pública dejaría de ser espacio de formación ciudadana crítica y podría convertirse en espacio de control cultural.
El cuarto escenario es el de la captura educativa por gestión y contratación. El relanzamiento del PRONAA preocupa no solo porque ese programa fue cerrado por problemas de ineficiencia y corrupción, sino porque la alimentación escolar, los kits, las obras, la tecnología y las compras públicas pueden convertirse en grandes circuitos de contratación pública. Esa preocupación se agrava con la designación de Juan Antonio Chang Escobedo como ministro de Educación, quien ya ocupó esa cartera durante casi todo el segundo gobierno de Alan García y cuyo paso por el sector quedó asociado a investigaciones por presuntas irregularidades en grandes contrataciones educativas, como las obras de los colegios emblemáticos y compras masivas de equipos tecnológicos. No se trata de afirmar responsabilidades penales antes de tiempo, sino de advertir un riesgo político evidente: poner nuevamente el sector educación en manos de una lógica donde la promesa de modernización puede terminar convertida en obra, compra, proveedor y reparto. En un régimen con instituciones debilitadas, organismos de control presionados y fuerza política en el Congreso, este escenario exige vigilancia intensa desde el primer día.
4. Exigencias para la contención democrática en educación
La primera exigencia es que la educación pública sea tratada como derecho, no como programa social focalizado ni como vitrina de obras. El Estado debe garantizar acceso, permanencia, aprendizajes, bienestar, infraestructura, docentes preparados, salud mental, alimentación, conectividad y condiciones reales de educabilidad.
La segunda exigencia es una política nacional de cierre de brechas rurales, amazónicas, altoandinas, indígenas y urbano-populares. No basta hablar de “los más vulnerables”. Hay que poner metas, presupuesto, responsables y cronograma para escuelas rurales, EIB, multigrado, secundaria rural, conectividad, transporte, agua, saneamiento y docentes que permanezcan donde más se les necesita.
La tercera exigencia es defender la educación intercultural bilingüe. Sin EIB no hay igualdad real para los pueblos indígenas. Cualquier política educativa que hable de Amazonía y comunidades indígenas, pero calle sobre lenguas originarias, currículo pertinente y docentes EIB, debe ser cuestionada desde el primer día.
La cuarta exigencia es defender el enfoque de género y la educación sexual integral. Prevenir embarazo adolescente sin ESI es insuficiente. Las niñas y adolescentes necesitan información, protección, autonomía, salud, cuidado y escuelas libres de violencia.
La quinta exigencia es exigir una política para secundaria y trayectorias educativas completas. La adolescencia no puede entrar al discurso público solo cuando se embaraza, delinque o abandona la escuela. Necesitamos secundaria pertinente, tutoría, salud mental, arte, deporte, ciudadanía, orientación vocacional, formación técnica y rutas de retorno para quienes salieron del sistema.
La sexta exigencia es proteger la educación superior pública, la educación tecnológica y la reforma universitaria.
El silencio sobre SUNEDU y educación superior no puede pasar inadvertido. La defensa de la escuela pública también incluye universidades, institutos y CETPRO públicos de calidad.
La séptima exigencia es transparencia total en PRONAA, kits, infraestructura, tecnología y compras públicas. Si van a mover grandes recursos, debe haber padrones públicos, control concurrente, trazabilidad de proveedores, veeduría ciudadana, criterios técnicos y sanción efectiva. La alimentación escolar no puede convertirse en caja política.
La octava exigencia es que la formación docente no sea frase de discurso. Debe haber acompañamiento pedagógico, formación continua pertinente, incentivos para zonas rurales y EIB, fortalecimiento de directores, carrera pública magisterial y condiciones dignas para enseñar.
La novena exigencia es no permitir que la educación sea usada como botín político ni aparato ideológico. Ni mercado, ni botín, ni cuartel cultural. La escuela pública debe formar personas libres, ciudadanos críticos y comunidades capaces de defender la democracia. Como dice nuestro himno nacional: ¡Seamos libres, seámoslo siempre!
Por eso, la contención democrática en educación debe empezar ahora. No para negar lo que pueda ser útil, sino para impedir que la escuela pública sea reducida a comida, kits, obras y pruebas de matemática y lectura. La educación pública debe ser el lugar donde el país se reconoce, se iguala, se cuida y aprende a vivir en democracia. Si eso no está en el centro, cualquier modernización será insuficiente y cualquier promesa de igualdad quedará en el camino.
[1] Educación Sexual Integral
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