Candelaria Ríos Indacochea
Asociada de Foro Educativo
Las conclusiones expresadas por la misión a Condorcanqui del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI)[i] de la Organización de Estados Americanos (OEA) ratifican lo que el MINEDU sabe desde hace más de una década: las niñas y las adolescentes son víctimas sistemáticas de violencia sexual en sus hogares y en el entorno escolar.
Esfuerzos que no alcanzan
En este tiempo, el MINEDU, el MIMP y el sistema de justicia vienen desarrollando esfuerzos para atender esta problemática: se ha sancionado a docentes[ii], se ha ampliado la cobertura de los programas de protección, se ha instalado una cámara Gesell, y en un momento se asignó un presupuesto específico para que la fiscalía pueda enfrentar la violencia sexual en la provincia. Además, actualmente el MINEDU y el MINCUL cuentan con equipos en el territorio, el primero para dar asistencia técnica en prevención y respuesta, y el segundo para impulsar, junto con los pueblos indígenas, una reflexión sobre sus estatutos comunitarios en materia de prevención y sanción de la violencia de género.
Sin embargo, estos esfuerzos están desarticulados entre sí y carecen de continuidad estratégica y presupuestal, así como de estabilidad en el funcionariado. Además, en su mayoría no incorporan las especificidades de los pueblos wampis y, especialmente, awajún, por lo que la pertinencia cultural suele quedar limitada a la traducción de algún letrero o a una mesa de trabajo con algunas autoridades y líderes indígenas. En consecuencia, no logran dar resultados a la velocidad que se necesita.
La impunidad como factor de riesgo
La problemática, en cambio, avanza rápido y se agrava con la expansión de la minería ilegal y el narcotráfico, que se traducen en situaciones de trata y explotación sexual de adolescentes encubiertas como intercambios consentidos, en consumo de sustancias como pasta básica de cocaína (PBC) y marihuana, en el incremento de la epidemia de VIH, la alta prevalencia de embarazos adolescentes, y en una crisis de salud mental y conducta suicida asociada al contexto de violencia dentro y fuera de la escuela.
La impunidad ha pasado de ser una mera consecuencia de la indiferencia e ineficiencia estatal a un factor de riesgo en sí misma, que se suma a las amenazas contra la vida y la integridad psicológica, física y sexual de las y los estudiantes.
Dicho de otra forma, las nulas o escasas consecuencias de la violencia sexual han favorecido su reproducción, que se intensifica al entrelazarse con otras problemáticas.
Es imprescindible comprender que este problema es multidimensional y se enmarca en un ecosistema de violencia capaz de retroalimentarse a sí mismo en una espiral de muerte. Asumido esto, resulta claro que la respuesta debe ser igualmente multidimensional y con el protagonismo de niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, y de sus pueblos, a través de Apus, sabedores, curanderos y mujeres lideresas de las comunidades.
Igualdad no es tratamiento homogéneo
Parte del problema es que hemos normalizado que la ruralidad sea sinónimo de precariedad, con servicios deficientes y con los peores indicadores de salud, educación y violencia, pero no tiene por qué ser así.
Es responsabilidad del Estado hacer lo necesario para que las diferencias de sexo, culturales y territoriales no impacten negativamente en los logros de aprendizaje, en el ejercicio de sus derechos ni en las oportunidades de niñas, niños y adolescentes.
Nivelar estas diferencias requiere adecuar los servicios a las especificidades de cada territorio y cultura. Precisamente, el error es brindar un tratamiento homogéneo que ignora las necesidades específicas y los altos costos que implica atender la ruralidad con dignidad, pertinencia cultural y de género, especialmente la amazónica.
Un ejemplo es la falta de idoneidad del personal educativo. Los bonos a docentes de estos ámbitos resultan insuficientes para compensar la falta de conectividad, de servicios, de oportunidades y el aislamiento que supone vivir en estas zonas. Año tras año, estas plazas son las últimas en ser cubiertas y terminan ocupadas por profesionales de otras carreras o jóvenes con estudios inconclusos o que solo han concluido la secundaria. Lamentablemente, también pueden atraer a personas que terminan vinculándose a actividades ilícitas o convirtiéndose en agresores de niñas, niños y adolescentes.
Otro ejemplo es la débil implementación de la Educación Sexual Integral (ESI). Esta debilidad va más allá de deficiencias técnicas de docentes, materiales o currículo. Responde, sobre todo, a un débil posicionamiento del sector, que teme abordar estos temas por no entrar en controversia con visiones conservadoras, presentes incluso a la interna del MINEDU. Así, el vacío que deja en el aula termina ocupado por posiciones tolerantes a la violencia sexual y de género.
¿Qué puede hacer el sector Educación?
Sin pretender ofrecer una lista exhaustiva ni una receta única, comparto algunas ideas de acciones que pueden ser implementadas o lideradas desde el sector Educación, siempre en alianza intersectorial:
- Fortalecer las acciones orientadas a la atención, reparación y garantía de la continuidad educativa de las sobrevivientes, previniendo la revictimización.
- Elevar el estándar de las residencias estudiantiles y otros servicios (personal, infraestructura, materiales), implementando la Educación Intercultural Bilingüe (EIB), al nivel de lo que se ofrece, por ejemplo, en el COAR Nacional o en una escuela bilingüe internacional de Lima.
- Hacer atractivas las plazas de especialistas de las UGEL, de docentes y de personal de residencias, sumando a los bonos condiciones como la capacitación permanente, la unidad familiar y la posibilidad de hacer carrera dentro y fuera del sector educación.
- Implementar realmente la ESI, fortaleciendo el enfoque intercultural y de prevención de violencias basadas en género, tanto mediante el empoderamiento de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad como evitando que sigamos formando a futuros agresores. Debe ser una ESI que recupere la dimensión socioafectiva, enfatice el concepto de consentimiento desde la ética, y esté articulada con los servicios de salud y protección.
- Construir con las y los estudiantes y egresados de educación básica propuestas para mejorar la secundaria para la vida. Es indispensable que puedan visualizar un proyecto de vida más allá de las economías ilícitas que dominan el territorio.
- Consultar a los actores indígenas de nivel territorial, regional y nacional sobre sus necesidades y elaborar colectivamente propuestas que permitan la prevención, derivación, atención y acceso a justicia de las situaciones de violencia.
- Desarrollar estrategias de pares, desde las propuestas de los pueblos indígenas, que permitan la prevención, detección y atención oportuna y pertinente a problemas de salud mental como el consumo de sustancias o la conducta suicida.
- Construir protocolos de articulación de los procesos administrativos disciplinarios con SERVIR y la justicia penal, a fin de compartir recursos (peritajes, testimonios, evidencias) y evitar que el archivo o la absolución en la vía penal se utilicen para desconocer las sanciones impuestas en la vía disciplinaria.
- Desde las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (DRE y UGEL), brindar acompañamiento continuo a las IIEE y realizar los ajustes necesarios para contar con reemplazos oportunos cuando se deba separar preventivamente al personal presuntamente responsable de violencia contra estudiantes.
- Las UGELs y DRE también están llamadas a convocar y organizar las diversas intervenciones en el territorio para potenciar y expandir su impacto.
Tareas más allá de la escuela
No todo recae en el sector Educación. Especialmente, en lo vinculado a romper el ciclo de impunidad se sugiere:
- Pasar de la articulación interinstitucional de los operadores de justicia y protección a un mecanismo de intervención conjunta que les permita compartir recursos como los medios de transporte para las diligencias.
- Modificar la Ley del Servicio Civil para ampliar la inhabilitación de personas condenadas por violencia sexual a todo puesto que implique contacto con niñas, niños y adolescentes.
- Impulsar la ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la jurisdicción especial comunal como lo exigen el artículo 149 de la Constitución, la normativa internacional sobre pueblos indígenas y la STC N.° 07009-2013-PHC/TC.
- Fortalecer la lucha contra actividades ilícitas en el territorio que propician la presencia de actores que pueden incurrir en trata, abuso y explotación sexual de niñas y adolescentes, a veces con la anuencia de sus padres o mediante chantajes y amenazas contra las familias.
El MESECVI no ha dicho nada que el Estado no supiera. La pregunta es cuánto tiempo más aceptaremos que la impunidad siga siendo parte del paisaje escolar de Condorcanqui y cuántas niñas y adolescentes más tendrán que pagar el costo de esa espera.
Referencias
[i] Ver nota al respecto en: https://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevista/monica-maureira-violencia-sexual-condorcanqui-mas-alla-del-ambito-educativo/
[ii] 469 separados (bloqueados) de más de 600 denuncias desde el 2010. https://andina.pe/ingles/noticia-amazonas-condocarqui-registra-mayor-numero-profesores-bloqueados-a-nivel-nacional-1030976.aspx
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