Patricia Andrade Pacora
Asociada de Foro Educativo
Un mensaje a la nación al inicio de un periodo gubernamental no es un plan sectorial ni puede contener el diseño de todas las políticas. Pero sí fija prioridades, ofrece una manera de nombrar los problemas públicos y permite reconocer qué actores y necesidades ocuparán el centro de la acción estatal. También sus silencios importan: muestran lo que puede quedar relativizado, postergado o fuera de la agenda. En educación, lo anunciado fue escueto frente al tamaño de las urgencias, y la exposición de motivos y el pedido de delegación de facultades no añadieron mayor desarrollo.
Corresponderá al ministro de Educación precisar estrategias, recursos, responsabilidades y metas. Aun así, llama la atención que, mientras otras reformas reciben amplio desarrollo, la educación aparezca básicamente como un conjunto de prestaciones por distribuir y algunas referencias a resultados, sin que se perciba una política que las articule.
De los recursos a los aprendizajes: la política está en los procesos
El mensaje sostiene una premisa importante: no basta con matricular a niñas, niños y adolescentes: deben aprender. También afirma que la educación pública debe ser una herramienta para generar igualdad.
Para ello se anuncian alimentación escolar, infraestructura, materiales, herramientas digitales y formación docente. Todo ello es necesario. Pero su distribución, por sí sola, no producirá los resultados anunciados. Entre los recursos y los aprendizajes existe una cadena que la política debe gobernar: condiciones adecuadas de funcionamiento, entornos seguros, prácticas pedagógicas pertinentes, experiencias significativas y aprendizajes verificables.
Una escuela construida no garantiza por sí sola una mejor educación. Una política orientada a resultados no puede detenerse en contar escuelas, dispositivos, raciones o docentes inscritos en cursos. Debe observar qué sucede después y qué cambia realmente en la experiencia educativa.
La desigualdad invisibilizada
El Gobierno anuncia que reducirá a la mitad el porcentaje de adolescentes que no alcanza habilidades mínimas en lectura y matemática. Una meta ambiciosa puede ordenar esfuerzos y permitir que la ciudadanía exija resultados. Pero requiere explicitar el punto de partida, los plazos y las responsabilidades. Aun así, el promedio nacional podría mejorar mientras las desigualdades se mantienen o amplían.
En un país marcado por brechas territoriales, económicas, culturales, lingüísticas, de género y discapacidad, hablar de aprendizajes sin estas desigualdades en el centro deja fuera el problema principal: quiénes siguen quedándose atrás y qué debe transformar la política.
El mensaje reconoce la pobreza rural, la Amazonía y las desigualdades que afectan a las comunidades indígenas, pero ello no se convierte en una orientación educativa clara. No aparecen la EIB, los docentes bilingües, las escuelas multigrado ni los modelos pertinentes al territorio. Tampoco se menciona la educación inclusiva o los apoyos para estudiantes con discapacidad.
Una política de igualdad no consiste en entregar lo mismo a quienes viven situaciones distintas, sino en identificar barreras y construir respuestas diferenciadas. Mejorar el promedio será insuficiente mientras el territorio, la lengua, una discapacidad, el género o la condición económica sigan definiendo cuánto puede aprender una persona.
Docentes e instituciones: donde los recursos se convierten en educación
El mensaje señala que se trabajará “de la mano con nuestros profesores para fortalecer la formación docente”. Es una señal positiva: no presenta al magisterio como enemigo ni causa de la crisis educativa y reconoce que no habrá mejora posible sin docentes preparados. Pero fortalecer la formación puede significar cosas muy distintas: ofrecer más cursos, aumentar la matrícula en plataformas y contabilizar certificados; o formar parte de una política de desarrollo profesional vinculada con la práctica, la trayectoria docente y las necesidades reales de las escuelas, en contextos diversos.
Se necesita una política que reconozca al docente como profesional que toma decisiones pedagógicas y convierte los recursos en oportunidades de aprendizaje, pero también como actor político de la educación, capaz de participar en las reformas desde sus conocimientos, saberes y experiencia. Trabajar “de la mano” debería traducirse, por tanto, en diálogo profesional y en la identificación conjunta de necesidades y propuestas.
Las metas requieren instituciones y gestión territorial con capacidad real. No basta pedir resultados a escuelas, DRE y UGEL sin equipos, recursos y márgenes de decisión. La rendición de cuentas pierde sentido cuando se exige el resultado a quienes no pueden producirlo.
Lo que no se nombra también define la política
Una política se reconoce también en aquello que evita nombrar. El Gobierno propone reducir el embarazo adolescente, pero omite señalar cómo. No es un detalle menor cuando una de las principales estrategias, la educación sexual integral, ha sido reemplazada por nuevos lineamientos en los que el enfoque integral cede lugar a uno predominantemente biologicista. Estos cambios generan confusión entre los docentes acerca de si es posible abordar la violencia sexual, el acoso, la discriminación, la diversidad de género o el derecho a decidir. Se propone así una meta, pero se eluden medios indispensables para alcanzarla, limitando la capacidad de prevenir riesgos y remover barreras.
Los silencios alcanzan también a la formación ciudadana. El mensaje invoca el orden, la reconciliación y la existencia de “un solo Perú”. Convoca a superar diferencias y construir unidad, pero no atribuye a la educación un papel explícito en esa tarea. No aparecen la ciudadanía, la convivencia democrática, la memoria histórica, la participación estudiantil, la lucha contra la discriminación ni el pensamiento crítico.
Decir que no existen dos Perú puede expresar un horizonte deseable, pero no describe nuestra experiencia real: un país atravesado por desigualdades, racismo, clasismo y memorias enfrentadas. La reconciliación no consiste en negar esas fracturas. Requiere reconocimiento, memoria, justicia y condiciones para que todas las personas ejerzan los mismos derechos. La educación tiene una responsabilidad decisiva en la construcción de esa tarea.
¿Para qué educar?
Estas ausencias obligan a preguntar qué mirada sobre la educación está detrás de lo que se anuncia y de lo que no se menciona. El discurso hace referencia a la reducción de la pobreza, la movilidad social, la empleabilidad y la productividad. Importan, pero educar no se reduce a preparar trabajadores, mejorar indicadores o facilitar el ascenso individual.
La educación también tiene como fin contribuir a formar una sociedad democrática, justa, inclusiva y solidaria. Para ello, debe desarrollar autonomía, pensamiento crítico, capacidad para convivir democráticamente y comprensión de las desigualdades; y hacer posible que las personas se reconozcan como iguales y participen en la construcción de un mundo común.
El desafío no es solo que más estudiantes alcancen un nivel mínimo. Es que el lugar donde nacieron, la lengua que hablan, una discapacidad, su género o la riqueza de su familia dejen de decidir cuánto pueden aprender y qué lugar pueden ocupar. Y que la escuela contribuya a construir ese “nosotros”: no una unidad que borre las diferencias, sino una comunidad democrática capaz de reconocerlas y garantizar los mismos derechos.
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