Carlos Nino Silva Flores
Asociado de Foro Educativo y excandidato al Senado por Primero la Gente
1. Escenarios de la educación pública si gana Fuerza Popular o Juntos por el Perú
Esta segunda vuelta no puede leerse como una competencia normal entre dos proyectos equivalentes. De un lado, existe el riesgo de consolidar un régimen de concentración autoritaria del poder; del otro, una posibilidad incierta de contención democrática, que solo tendría sentido si va acompañada de vigilancia ciudadana, equipos idóneos y exigencias programáticas claras.
Si gana Fuerza Popular, el punto 3.2 de su Plan de Gobierno 2026–2031 identifica problemas reales de la educación pública: déficit alarmante de infraestructura, locales escolares sin servicios básicos, brecha digital, bajos aprendizajes, limitaciones en formación docente, necesidad de fortalecer la educación técnica y débil articulación entre educación, empleabilidad e innovación. Su diagnóstico señala que el país cuenta con 53,498 locales educativos públicos de Educación Básica Regular, de los cuales el 80% se ubica en zonas rurales; advierte que la brecha de infraestructura educativa supera los S/ 158 mil millones y que una proporción importante de colegios no cuenta con condiciones básicas adecuadas de agua, desagüe y electricidad.
En respuesta, plantea construir 3,000 colegios, ejecutar “Escuelas Seguras”, implementar infraestructura educativa resiliente, llevar conectividad al 100% de escuelas rurales, entregar 6 millones de laptops o tablets, fortalecer la formación docente en habilidades digitales, inteligencia artificial, competencias socioemocionales y lenguas originarias, así como modernizar la educación técnica y ampliar becas y créditos educativos. Es decir, hay un paquete de medidas de gestión, infraestructura, tecnología, conectividad, formación docente y empleabilidad que recoge demandas sentidas por la población y que no puede ser simplemente descartado.
Sin embargo, el pronóstico sobre la educación pública bajo un eventual gobierno de Fuerza Popular no puede hacerse solo leyendo el punto 3.2 sobre Educación. Debe leerse dentro de su proyecto político general. El propio plan reivindica una visión de “orden”, estabilidad, economía social de mercado, inversión privada, eficiencia estatal y centralidad de la familia; además, en su decálogo sostiene que los padres, por obligación y derecho, se encargan de la educación de sus hijos, mientras el Estado participa de manera subsidiaria. Esa matriz puede traducirse en mejoras visibles de infraestructura, tecnología, gestión y educación para el empleo, pero difícilmente en un fortalecimiento profundo de la educación pública como derecho social universal, democrático, intercultural y no segregador.
El riesgo no está en que no hagan obras o no impulsen conectividad; el riesgo está en que esas medidas convivan con una lógica privatista y conservadora, con presión sobre el currículo, el enfoque de género, la educación sexual integral, la memoria histórica, la formación ciudadana crítica y la rectoría pública del sistema. En otras palabras: podría haber inversión y modernización, pero sin necesariamente fortalecer la escuela pública como espacio de igualdad, democracia y ciudadanía.
Si gana Juntos por el Perú, el escenario educativo abre una posibilidad distinta, aunque no exenta de tensiones. Su Programa de Gobierno de Segunda Vuelta, presentado el 01 de junio, se construye sobre aportes de Juntos por el Perú, Ahora Nación, Obras, Primero la Gente, Venceremos, Plataforma por la Democracia y organizaciones de la sociedad civil.
Recoge como compromiso pactado la defensa del derecho a la educación pública de calidad, la asignación del 6% del PBI[2], retomar la fiscalización del licenciamiento desde SUNEDU, la modernización y descentralización de la gestión educativa, el pago de la deuda social al magisterio, la restitución del enfoque de género y la educación sexual integral, el respeto a las culturas de los pueblos indígenas u originarios, la educación intercultural bilingüe y antirracista, la educación ambiental, la formación ciudadana con memoria histórica y el fortalecimiento de la carrera docente.
Recoge como compromiso pactado la defensa del derecho a la educación pública de calidad, la asignación del 6% del PBI[1], retomar la fiscalización del licenciamiento desde SUNEDU, la modernización y descentralización de la gestión educativa, el pago de la deuda social al magisterio, la restitución del enfoque de género y la educación sexual integral, el respeto a las culturas de los pueblos indígenas u originarios, la educación intercultural bilingüe y antirracista, la educación ambiental, la formación ciudadana con memoria histórica y el fortalecimiento de la carrera docente.
A partir de ello plantea recuperación de aprendizajes, fortalecimiento de la primaria y secundaria, educación tecnológica, salud mental escolar, estándares mínimos de condiciones de educabilidad, formación docente, residencias docentes rurales, mejora de infraestructura, conectividad escolar plena, expansión de Beca 18, fortalecimiento de CETPRO e institutos tecnológicos, formación dual, certificación de competencias, EBA flexible, educación intercultural bilingüe, enfoque de género y acompañamiento pedagógico. Es una agenda más cercana a la defensa de la escuela pública como derecho, igualdad de oportunidades y responsabilidad indeclinable del Estado.
Sin embargo, el punto 6.2 de su plan, sobre propuestas para la educación, integra medidas valiosas, pero todavía muestra problemas de orden, coherencia técnica y viabilidad política. Hay buenas propuestas sobre aprendizajes, infraestructura, conectividad, formación docente, educación superior, condiciones de educabilidad y salud mental escolar; pero el texto requiere priorización, secuencia y mayor consistencia.
Un punto clave es la política curricular. No basta decir que “existe una política nacional curricular homogeneizante”. Más preciso sería reconocer que el país carece de una política curricular integral, que articule el marco curricular nacional con una diversificación real, territorial, cultural y lingüística. Tal como manifiestan expertas y expertos en la materia, tenemos el Currículo Nacional de la Educación Básica y herramientas curriculares, algunas trabajadas incluso con docentes de pueblos originarios, pero no una política capaz de articular un marco nacional con procesos reales de diversificación territorial, cultural y lingüística. Si reducimos el problema a “cambiar el currículo”, dejamos fuera las condiciones de implementación, las capacidades regionales, el acompañamiento pedagógico y las resistencias que aparecen en las propias escuelas.
Así mismo, hay una contradicción entre cuestionar las evaluaciones estandarizadas y, al mismo tiempo, proponer “un plan quinquenal focalizado en 4° de primaria y 2° de secundaria … alineado a la ENLA”[2].
También hay que resolver la tensión sobre SUNEDU. El compromiso pactado habla de retomar la fiscalización del licenciamiento, pero una de las medidas plantea “replantear el rol de SUNEDU para que cumpla un rol de estímulo antes que de vigilancia”. Esa redacción es riesgosa. Lo correcto no es debilitar la SUNEDU, sino, como dice el propio documento, “en un contexto de relajación de las exigencias para el licenciamiento de las universidades”, se requiere más bien consolidar su capacidad efectiva de fiscalización.
Por tanto, un escenario educativo como oportunidad existe: reposicionar la educación pública, ampliar derechos, cerrar brechas, fortalecer la EIB, la ESI, la salud mental, la docencia y la educación superior pública. Pero esa oportunidad solo tendrá sentido si hay conducción técnica, equipos idóneos, gobernanza plural, respeto a la autonomía institucional y vigilancia democrática. De lo contrario, una agenda que podría significar avance puede terminar degradada por improvisación, captura partidaria, sectarismo o uso ideológico de la política educativa.
2. El rol de quienes defendemos la escuela pública, la educación no segregadora y la democracia
Después del voto, gane quien gane, quienes estamos comprometidos con la defensa de la escuela pública no podemos actuar como espectadores. No se trata de militar acríticamente por un gobierno ni de ubicarnos en una oposición automática. Se trata de ejercer ciudadanía democrática, vigilancia pública y exigencia técnica desde una convicción básica: la educación pública debe ser un derecho, un bien común y una herramienta igualadora de oportunidades.
Si gana Fuerza Popular, el rol de los actores democráticos, docentes, familias, estudiantes, organizaciones sociales, especialistas, gremios, universidades y colectivos ciudadanos deberá ser de contención democrática. Habrá que vigilar cualquier retroceso en currículo, igualdad de género, educación sexual integral, enfoque intercultural, memoria democrática, autonomía docente, SUNEDU y carrera pública magisterial. También habrá que advertir si la llamada “libertad de los padres” o la subsidiariedad estatal se usan para debilitar la rectoría pública, transferir responsabilidades al mercado o legitimar nuevas formas de segregación.
Si gana Juntos por el Perú, el rol debe ser no menos exigente. Las coincidencias programáticas no deben llevarnos a bajar la guardia. Precisamente porque existe una ventana para avanzar, debemos exigir que las promesas se conviertan en políticas públicas viables, financiadas, institucionalmente sólidas y democráticamente deliberadas, pero evitando improvisación, captura o sectarismo.
Por ello, el desafío no es solo quién gobernará. El desafío es si la sociedad democrática tendrá fuerza suficiente para defender una educación pública que no segregue, que iguale oportunidades y que forme ciudadanía. Después del voto, empieza otra responsabilidad: organizar la vigilancia, sostener la exigencia y no permitir que la escuela pública sea convertida ni en mercado, ni en botín, ni en aparato de control ideológico.
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