Patricia Andrade Pacora
Asociada de Foro Educativo
Seguimos inmersos en uno de los procesos electorales más controversiales de los últimos años, atravesado por desconfianza, acusaciones de fraude y un preocupante desborde de racismo, desprecio y violencia entre conciudadanos. Más que un episodio aislado, todo ello vuelve a mostrar la imagen de un país fragmentado, incapaz aún de reconocerse plenamente como una comunidad de iguales.
Y este reflejo de país fragmentado se revela de manera muy clara en los resultados que a algunos sorprenden y a otros enfadan. Sorprende si reparamos en que, por primera vez, nos tocaba elegir entre una amplia y dispersa oferta electoral, con opciones que —con sus limitaciones y algunas dudas— podían ser reconocidas como una oferta decente: con candidaturas con vocación democrática, equipos con trayectoria profesional reconocida y personas con experiencia en gestión pública; opciones que prometían hacer una lucha frontal al cinismo, al autoritarismo, a la captura del Estado. Y, sin embargo, una parte considerable de la ciudadanía optó por entregar su voto a los mismos de siempre, a aquellos que desde el Congreso se dedicaron estos últimos cinco años a aprobar leyes en su favor y en contra de la población: leyes en contra de la educación, leyes que obstaculizan el procesamiento de las grandes mafias, leyes que imponen convicciones religiosas particulares por encima del bien común.
Entonces nos preguntamos: ¿qué pasó? ¿Se trata únicamente de quién comunicó mejor? ¿De quién se desplazó más? ¿De quién invirtió más presupuesto en propaganda? Dos frases escuchadas en estos días, en espacios distintos, invitan a pensar el problema desde otra perspectiva. Preguntadas por qué votarían por los de siempre, los que tanto daño han generado al país, responden: “A mí no me han robado” y “Más vale ladrón conocido que ladrón por conocer”.
Esas frases expresan mucho más que una preferencia electoral. Dicen mucho sobre la enorme distancia que se ha creado entre la vida cotidiana de las personas, sus preocupaciones y urgencias, y valores como democracia e institucionalidad, que pueden resultar abstractos, ajenos y carentes de sentido. No estamos insinuando que la gente no sea capaz de comprender y compartir estas apuestas; se trata de preguntarnos por qué esas palabras no se conectan de manera evidente con su experiencia diaria. Cuando una persona debe lidiar con servicios deficientes, entre la precariedad, el miedo, el endeudamiento y la sensación de abandono, entonces la democracia, los derechos o la institucionalidad suenan a discurso, retórica o asuntos de élites.
Esto nos confronta con una realidad que muchos se resisten a ver: la de un país desigual e injusto, donde el bien común no es una preocupación, donde los derechos son en realidad privilegios de pocos. Nos confronta también con el fracaso de nuestras instituciones —la educación incluida— para hacer visible que el daño público sí es daño personal, aunque no siempre se perciba de inmediato.
Porque, en rigor, claro que nos han robado. Nos roban cuando se degradan reglas para favorecer intereses particulares. Nos roban cuando se aprueban normas que debilitan la deliberación democrática y la capacidad de control ciudadano. Nos roban cuando se alteran políticas públicas fundamentales —incluidas las educativas y las de igualdad— para responder a agendas ideológicas o corporativas antes que al interés general. Nos roba un Congreso que, en su mayoría, se ha dedicado a legislar en su beneficio y que, por añadidura, ha generado la trampa de un proceso electoral como el que estamos viviendo.
En ese contexto, no sorprende que gane terreno una lógica de resignación defensiva: no se vota por convicción, en la confianza de estar decidiendo nuestros destinos; se vota por costumbre, hartazgo, temor u obligación. “Más vale ladrón conocido” no expresa ignorancia; expresa expectativas derrumbadas. Es la frase de alguien que ya no espera integridad de la política y que, por tanto, se resigna ante el daño. Mientras que la otra frase —“A mí no me han robado”— pone de manifiesto que solo se reconoce como injusticia aquello que afecta de modo directo, visible e inmediato. Da cuenta de la ausencia de sentido de bien común, pero también de una ciudadanía que no logra conectar las decisiones públicas con el impacto de estas en la vida cotidiana.
Todo esto obliga a mirar el lugar de la educación y lo poco que hemos avanzado en construir ciudadanía. Porque la formación ciudadana no se resuelve, como a veces se cree, con añadir cursos de cívica o memorizar la Constitución. Eso resulta insuficiente si la escuela sigue siendo un espacio desconectado de la vida, los intereses y las circunstancias cotidianas de las y los estudiantes; si la discriminación, la exclusión y la violencia siguen siendo parte de la experiencia escolar; y si, además, se aprueban normas que le quitan a la escuela herramientas para nombrar, cuestionar y enfrentar esas desigualdades.
No es casual que, desde la Ley General de Educación hasta el Currículo Nacional y el Proyecto Educativo Nacional al 2036, el país haya insistido una y otra vez en que la educación debe formar para la convivencia, la libertad responsable, la democracia y el bien común. Y no es casual tampoco que la UNESCO recuerde que una educación transformadora no solo transmite conocimientos: forma personas capaces de pensar críticamente, actuar frente a los desafíos de su tiempo y contribuir a construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.
Por eso, cuando tantas personas terminan votando contra sus propios intereses, la respuesta no puede ser la superioridad moral. No basta con decir que “la gente se equivoca”. La pregunta más difícil —y más honesta— es por qué la democracia, los derechos y la institucionalidad no logran sentirse como algo propio para tantos peruanos y peruanas. Por qué el deterioro institucional no se percibe como una amenaza concreta a la vida diaria.
Si no logramos volver a conectar lo público con lo cotidiano, el cinismo seguirá ocupando el lugar de la política. Y por eso la disputa no es solo electoral. También es pedagógica, cultural y ciudadana. Nos jugamos una educación capaz de devolverle sentido al bien común, de formar para la deliberación y el acuerdo, y de ayudar a comprender que democracia, derechos e institucionalidad no son palabras ajenas: son condiciones para vivir con más dignidad, protección y futuro.
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