Manuel Iguiñiz Echeverría.
Asociado de Foro Educativo.
La educación que apoyamos se construye en clave democrática, tanto en la organización social y política como en la creación cultural, la educación escolar y superior, los medios de comunicación y las redes sociales. Por ello, es indispensable pensar las apuestas educativas en el marco de las circunstancias actuales del país, como parte del proceso de construcción de una sociedad democrática e inclusiva.
El régimen dictatorial actual, caracterizado por la corrupción y la manipulación de normas democráticas, ha llevado a diversos actores a buscar acuerdos políticos para revertir esta situación. Renovar el compromiso con la educación pública hoy exige situarla dentro de esta lucha democrática nacional y en el marco de los acuerdos necesarios para avanzar en esa dirección. Para ello, es útil recuperar la experiencia de democratización iniciada en los primeros años del siglo XXI, cuando la educación pública volvió a posicionarse, con intermitencia en el discurso político.
Este artículo busca contribuir al reposicionamiento de la educación —especialmente la pública— en los programas y plataformas de movimientos sociales, partidos y coaliciones políticas con aspiraciones de gobierno en el periodo 2026-2031. Retomaremos experiencias clave vinculadas al papel de la educación en la transición democrática del año 2000, particularmente el Acuerdo de Gobernabilidad de 1999 y el suscrito en el Foro del Acuerdo Nacional en 2002.
Recuperar discursos democráticos recientes que conciben la educación como bien público permite visibilizar la deuda histórica del país en cuanto a las transformaciones estratégicas necesarias para lograr una educación de calidad y equitativa, sostenible en el tiempo y extensiva a toda la población.
La situación de la educación pública y el proceso electoral nacional 2025-2026
En el actual escenario global, la situación de la educación es parte de las múltiples y entremezcladas crisis sociales que amplían las desigualdades estructurales y más fuertemente en algunos países como el nuestro, con una aguda crisis de representación política y la captura por la corrupción de gran parte de las instituciones de gobierno, en un contexto de ampliación de la fragmentación social y la informalidad.
En este contexto de país las fuerzas ultraconservadoras de derecha han ganado presencia, y consolidado alianzas con niveles de articulación a nivel global y poderosos grupos económicos, imponiendo sus intereses y concepciones sobre la cultura y la educación y logrando una mayor desregulación económica y exoneraciones leoninas de impuestos. Estamos viviendo situaciones de violencia social críticas y situaciones límites para los derechos humanos, una de cuyas expresiones es la desatención de la alimentación escolar de la infancia que asiste a la escuela pública y la persistente falta de atención frente a los abusos sexuales.
En educación continua la segregación histórica por parte de la coalición actualmente en el poder. No es cierto que no hay política educativa. Más allá de la propaganda vacía, la deshumanización de los adversarios y la ineptitud, la educación básica, tanto pública como privada, sigue reproduciendo proyectos sociales de élites económicas y políticas, reescribiendo la memoria histórica y la distribución diferenciada del conocimiento.
Frente a esta situación cabe preguntarse: ¿estamos ante un Estado fallido, incapaz de responder a cuestiones críticas de la convivencia social y avanzar hacia un desarrollo sostenible?
Si bien la insatisfacción social con el actual régimen es masiva (entre 3% y 4% de aprobación pública) los canales para formular y presionar por alternativas democráticas están debilitados: alta fragmentación política y carencia de liderazgos sólidos. No obstante, el proceso de construir representaciones democráticas en la sociedad, tiene en la resistencia y en las múltiples protestas sociales una base que resulta imprescindible fortalecer. El proceso electoral nacional, convocado formalmente en el año 2025, es una oportunidad para dar pasos sustantivos en esta dirección.
El proceso electoral en marcha tiene importancia para toda la política nacional, aunque no la abarca en su totalidad, condiciona notablemente a los movimientos sociales, las protestas, las disputas culturales y las que se producen en instituciones públicas como las de justicia. Su importancia también reside en el intento de la continuidad del régimen ultraconservador alterando las reglas electorales en su beneficio.
La educación y en ella la pública, carecen de viabilidad transformadora si no son parte de un proyecto sociopolítico mayor con voluntad de cumplir la promesa de calidad y equidad para todos y todas. Por tanto, es necesario replantear las condiciones necesarias para una nueva transición democrática y ubicar el rol de la educación en él
Educación pública en la transición democrática del 2000
Como señalamos la salida democrática a la crisis, la defensa de la vida y de un Estado de derecho, eficaz y en democracia, nos lleva a recordar el último proceso de transición democrática, sin olvidar las diferencias de contexto con la actualidad.
Al fin de siglo y en especial desde el 2000, se desarrolla un importante proceso de renovación política, de mayor importancia que las “vueltas a la democracia” del siglo pasado.
El Acuerdo de Gobernabilidad de 1999 y la Educación Pública
El intento de re-reelección de Fujimori avivó, el sentido contrario: la búsqueda de una transición democrática, concretándose en 1999 un acuerdo amplio expresado el “Acuerdo de Gobernabilidad para resguardar la democracia, la justicia y el desarrollo del Perú”, con aspiraciones de restablecer la alternancia de gobierno. Destacamos los siguientes rasgos de este pronunciamiento:
Uno, avanza una propuesta de consenso político nacional amplio para restablecer la democracia con elementos para una estrategia de desarrollo con cinco campos para el corto y mediano plazo.
Dos, ese compromiso por una democracia estable es compatible con la búsqueda de representaciones políticas propias, por tanto, está explícitamente considerando que existan diferentes propuestas electorales entre sus firmantes;
Tres, fue suscrita en forma plural entre 14 partidos políticos y movimientos independientes.
Cuatro, se incorpora en la opción y lucha por la democracia a la educación pública, junto con otras políticas nacionales, formando así parte de un conjunto.
Como orientación global se aspira a una “nueva etapa en la vida del país”, para “transitar plenamente por el camino de la democracia, la justica y el desarrollo” y planteando que “conviene asumir ante el país un compromiso de acción unitaria que refleje nuestra voluntad de hacer de la política un ejercicio ético y democrático, que le dé al país perspectiva y futuro.” Asimismo, se comprometen a que cualquiera de las agrupaciones que llegue a constituir gobierno en el año 2000 recibirá en el Congreso el apoyo de las demás. Los principales consensos en lo político, económico, social e institucional son desarrollados en cinco campos para orientar el país.
En el campo político, acuerdan “apoyar un gobierno democrático de unidad nacional que reconstruya el estado de derecho y siente las bases de un régimen democrático estable.
Sigue un acuerdo en política económica; uno tercero, en política social, al cual volveremos; un cuarto, en reforma del Estado y la descentralización y finalmente un quinto, sobre la Fuerzas Armadas.
En política social, la primera es la educación. Se recuerda la responsabilidad del Estado de ser el garante del acceso de todos y todas a la educación pública de calidad. Nombrar la educación pública con rasgos sustantivos es ya reponer bases de su ideario, junto a la universalidad y gratuidad con financiamiento estatal.
Queremos resaltar que recupera la escuela pública como eje de la política social.
Ese sentido público tiene relevancia no sólo cognitiva, en tanto se la ubica como: “vehículo de conocimiento, integración social y participación de la sociedad”. Asimismo, liga la educación pública a la profesionalización docente.
- El Estado garantizará la gratuidad de la enseñanza pública en todos los niveles, asegurando que nadie quede sin acceso a la enseñanza y la capacitación, como resultado de su falta de recursos económicos. Esto supone una mejora sustancial de la calidad de la educación que otorga el Estado, la promoción y el desarrollo de la escuela pública como vehículo de conocimiento, integración social y participación de la sociedad, así como el compromiso de mejorar la profesionalización, la calidad y las remuneraciones del magisterio.
A esta primera política del Acuerdo nacional, le siguen otras políticas sociales: Salud; Pensiones mixtas y pluralistas; Recuperación de los derechos de negociación de los trabajadores y Garantía de seguridad integral, contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común.
La composición de los suscriptores del Acuerdo tiene alta pluralidad y una parte de ellos expresan corrientes políticas y de pensamiento con presencia destacada en el país, siendo en conjunto, fuerzas políticas debilitadas por la acción del régimen de Fujimori.
El Acuerdo dio un sustento político a la movilización popular. La caída de régimen tuvo un hito en la Marcha de los Cuatro Suyos del 26 al 28 de julio de 2000.
El contexto actual presenta enormes diferencias con la crisis producida por el fujimorismo. que excluyó a los partidos del poder. Actualmente, parte de los firmantes del Acuerdo de entonces, dejaron las opciones liberales en su discurso político y han hecho alianzas con la coalición gobernante ultra conservadora, dándole un claro respaldo. Por otro lado, es necesario anotar que el populismo del actual régimen, en función de sostener sus alianzas con la corrupción e informalidad, han tenido una incidencia directa en el debilitamiento de la conciencia ciudadana y la responsabilidad con los bienes públicos.
Los acuerdos de la transición democrática y más precisamente, la necesidad de bienes públicos comunes, luego de la privatización del régimen de Fujimori están unidos. La educación pública como bien común se repuso en las plataformas políticas y acuerdos nacionales plurales en la transición democrática.
El Acuerdo Nacional, políticas de Estado, actores políticos, estatales y sociales.
Instalado el Gobierno de Transición con la presidencia de Valentín Paniagua, la política avanza en democratización, participación ciudadana y preparación de reformas. La convocatoria a la participación ciudadana tendrá expresiones inéditas, principalmente en el primer lustro del siglo.
La transición democrática del 2000, entre otras contribuciones, posibilitó que el gobierno asumiera demandas de la sociedad civil como la formulación democrática de políticas y acuerdos nacionales. Javier Pérez de Cuéllar (Iguiñiz, M, 2005) indicó uno de los sentidos de la democracia y la educación pública: la participación política. “La tarea principal, en el tema educativo, será convocar a la construcción democrática de las propuestas que deberán orientar el esfuerzo nacional, con independencia de los cambios de gobierno en los próximos años.”
En el campo educativo, en el período del nuevo gobierno electo, la política nacional y los actores incorporados tuvieron rasgos renovados que se mantuvieron y desarrollaron en posteriores gobiernos electos. Se plasmaron políticas articuladas como en la Consulta Nacional por la Educación, el Acuerdo Nacional, el Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2021, la Ley General de Educación o el Plan Nacional de Educación Para Todos.
La renovación del conjunto de políticas nacionales, se expresó en el Acuerdo Nacional. Resaltamos los siguientes elementos:
- La realización de consultas públicas en asuntos críticos nacionales.
- El abordaje de las políticas nacionales en forma abarcadora articulando cuatro grandes objetivos: i) Democracia y Estado de Derecho, ii) Equidad y justicia Social, iii) Competitividad del país, iv) Estado eficiente transparente y descentralizado. Estos objetivos se especificaron en 29 políticas de Estado (actualmente son 34).
- Fueron adoptadas por una amplia pluralidad de actores participantes del Foro del Acuerdo: gobierno nacional, gobiernos regionales y locales; 15 organizaciones políticas partidarias y 10 organizaciones de la sociedad civil.
- La mira en la sostenibilidad de las políticas más allá de un período de gobierno, planteándolas como políticas de Estado.
En este amplio marco el Acuerdo Nacional apuntala la afirmación de la educación pública, conceptualizándola de manera sustantiva en la política de Estado. Esta reposa en el segundo de los grandes objetivos nacionales: Equidad y Justica Social. Retoma el acceso universal a una educación pública de calidad, con equidad, que afiance valores democráticos, la ciudadanía y la autonomía escolar en un sistema nacional. La formulación es la siguiente:
DÉCIMO SEGUNDA POLÍTICA DE ESTADO
Acceso universal a una educación gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y del deporte.
Nos comprometemos a garantizar el acceso universal e irrestricto a una educación integral, pública, gratuita y de calidad que promueva la equidad entre hombres y mujeres, afiance los valores democráticos y prepare ciudadanos y ciudadanas para su incorporación activa a la vida social. Reconoceremos la autonomía en la gestión de cada escuela, en el marco de un modelo educativo nacional y descentralizado, inclusivo y de salidas múltiples. La educación peruana pondrá énfasis en valores éticos, sociales y culturales, en el desarrollo de una conciencia ecológica y en la incorporación de las personas con discapacidad.
Enunciada la política de Estado las propuestas para su realización (transcribimos solo la primera) se inician de la siguiente manera:
Con este objetivo el Estado: a) garantizará el acceso universal a una educación inicial que asegure un desarrollo integral de la salud, nutrición y estimulación temprana adecuada a los niños y niñas de cero a cinco años, atendiendo la diversidad étnico cultural y sociolingüística del país.
A continuación, la política en educación enuncia un amplio y sustantivo conjunto de 14 políticas específicas en calidad y equidad, enriqueciendo el ideario de la Educación pública con valores éticos, sociales y culturales de carácter democrático y de conciencia ecológica. Atiende la calidad de la docencia, prioriza el desarrollo integral de la infancia y enfatiza el tema de la equidad entre hombres y mujeres, la incorporación de las personas en discapacidad, la educación intercultural y bilingüe y el enfrentamiento de las brechas: público privado y rural y urbano.
Dados estos avances, la más grave limitación en la política nacional y la educativa, no estaba ya en el discurso público sino en la voluntad política y compromiso ético para su implementación planificada, que más allá de modernizaciones y medidas específicas, diera una ejecutoria sostenida al Estado y la sociedad.
Los cambios educativos impulsados por el proceso de democratización de inicios del 2000, siendo importantes, no llegaron a consolidarse como transformaciones estructurales, si bien destacan la carrera pública magisterial y el licenciamiento de las universidades. Por otro lado, la idea misma de los acuerdos se desgastó.
No obstante, luego de sucesivos gobiernos electos y agotadas las reformas, en el año 2019, el Acuerdo Nacional formula la Visión del Perú al 2050, la que es asumida por el CEPLAN y en el año 2020, el Consejo Nacional de Educación formula un nuevo Proyecto Educativo Nacional al 2036 que fue aprobado por el Gobierno. Ambos con contribuciones enriquecedoras del ideario de la educación pública.
Para continuar esta línea de pensamiento en siguientes entregas esperamos abordar el PEN al 2021, el Informe de la Comisión de la Verdad Reconciliación y la Ley General de Educación. Pasada casi dos décadas, ya en una nueva crisis de gobernabilidad, se aprobaron la Visión del Perú al 2050 (AN 2019) y el PEN al 2036 (2022).
Referencias bibliográficas
Acuerdo de Gobernabilidad para garantizar la democracia, la justicia y el desarrollo en el Perú. Publicado en el diario La República el 26 de noviembre de 1999. Lima.
Iguiñiz, M. La transformación educativa y el Acuerdo Nacional en el Perú. En: Política educativa y democracia en el Perú. 2005. Lima. Tarea y UNMSM
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