Por Manuel Iguiñiz E.
Asociado de Foro Educativo
Diversas instituciones sociales han expresado su rechazo a la disolución del Consejo Nacional de Educación (CNE) por restringir la vida democrática. Esta medida subvalora, por parte del actual ministro de Educación, el rol cumplido por el CNE en más de 20 años.
La pérdida de democracia que ello significa, está en consonancia con la tendencia conservadora y autoritaria del actual gobierno, que ha causado tantos muertos. La medida no se ajusta a la legislación, tampoco a los acuerdos de política de mediano y largo plazo en educación, y se desconoce que dicha medida se base en evaluación o consulta alguna.
La disolución del actual CNE y los cambios en su organización, son ilegales. La LGE[1], en su Artículo 81 señala que el Consejo Nacional de Educación goza de autonomía y que los cambios en su organización serán reservados a una ley específica que debe darse al respecto. La Defensoría del Pueblo precisó con claridad que la LGE “señala expresamente que debe ser una ley la que regule la composición, funciones y organización del CNE no un dispositivo de menor nivel, por lo que, en su novena disposición complementaria y transitoria, también previó que en tanto se dé dicha ley “seguirá vigente el Consejo Nacional de Educación tal como está normado en el D. S. 007-2002-ED, modificado por el D. S. 010-2002-ED”.[2] La Defensoría precisó además que se produjo una violación del artículo 118 inciso 8) de la Constitución Política, según el cual los reglamentos no pueden transgredir las leyes.
La política internacional promovida por UNESCO y el PEN al 2036 enfatizan la educación como bien público. Abierto a todos, visible. ¿Dónde se deliberó la necesidad de suspender el actual CNE? ¿Por qué se reduce a 12 los consejeros? ¿Por qué se recorta a tres años el periodo, perdiendo continuidad? ¿Quiénes argumentan sobre estas posiciones? Nada se sabe. El ministro no lo sustenta.
Esta medida del Minedu manifiesta el alineamiento directo, de la política anti democrática del Gobierno y de la mayoría del Congreso, orientada a eliminar instancias con autonomía para el impulso de las políticas de Estado. En la política en educación presentada por el gabinete Otárola en enero, para el voto de confianza, se evidencia, una vez más, el desconocimiento de las políticas de Estado surgidas en educación, desde la creación del Consejo Nacional de Educación CNE en el 2002, la política educativa desarrollada en el Acuerdo Nacional (Política 12), la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional al 2021 y el actual al 2036. Así mismo, el desconocimiento de diversas políticas nacionales como la de Educación Intercultural Bilingüe.
La orientación actual del gobierno es la continuidad del reciente retroceso curricular conservador. El contenido es claro, seguir con la modificación de contenidos, especialmente con retrocesos en el enfoque de género y sobre la visión de la historia en el periodo del conflicto armado interno (CAI, tal como lo denominó la Comisión de la Verdad y Reconciliación) y el terrorismo, imponiendo una arcaica Educación Cívica ajena a lo fundamental: la vivencia de la experiencia democrática en la vida escolar misma y una educación en y para los derechos humanos. Asimismo, el retorno a la normalidad presencial en la escuela, está orientado al modelo tradicional de expansión del sistema sin calidad y equidad y sin articulación a un plan de mediano plazo. Así, la actuación de corto plazo se realiza sin convocar a la comunidad educativa y a los gobiernos regionales y locales a formular un plan de corto y mediano plazo en el Sector Educación.
Como Gobierno de Transición, el actual gobierno debería priorizar en educación las políticas de carácter urgente que impacten en este segundo año de escuela presencial, articulando el corto plazo con los cambios estructurales, que se encuentran formulados en las políticas de Estado mencionadas y lamentablemente escasamente implementadas. Por el contrario, el discurso del actual Ministro de Educación se suma al terruqueo y estigmatización, anunciando que “los infiltrados del terrorismo en el MINEDU serán expulsados” y permitiendo el allanamiento a la Universidad Mayor de San Marcos en la búsqueda de terroristas y agitadores. Se evidencia así que la prioridad política es derrotar las movilizaciones ciudadanas actuales por una mayor democracia, y, en el Sector Educación, el actual Consejo Nacional de Educación le resulta incómodo.
Por el bien de la educación del país, el D.S. que implementa la reorganización del Consejo Nacional de Educación debe derogarse.
[1] Ley General de Educación. Ley Nro. 28044.
Ver: http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf
[2] Defensoría del Pueblo: cambio de miembros del Consejo Nacional de Educación contraviene la ley general de educación. Pronunciamiento día 28/01/2023
0 Comentarios