Por Manuel Bello

Asociado a Foro Educativo

En el mes de la patria, además de festejar la independencia nacional, se celebra el día del maestro (6 de julio) y se revive la lucha contra la dictadura de Morales Bermúdez, en una fecha -19 de julio- que ahora bien podría denominarse “día de la recuperación de la democracia”. Faltando pocos días para el 28 de julio, comparto algunas reflexiones sobre la patria y el sentido de esta celebración.

Hasta el 27 de julio de 1821, la “patria” de las y los peruanos era España. A los criollos que habitaban las colonias del reino se les llamaba “españoles americanos”. El elemento aglutinador de esta “patria” era el monarca, al que se debía obediencia, lealtad y sumisión. Como sabemos, las primeras juntas de gobierno del siglo XIX en nuestros países fueron expresiones de fidelidad al rey y de rechazo al bonapartismo en España, no independentistas.

La declaración de la independencia y la proclamación de la república instalaron una nueva noción y vivencia de patria. Sin monarca ni déspota, la patria pasó a ser personificada por el colectivo de ciudadanos que habitan el territorio nacional, que se autodenominan “patriotas” y se relacionan como “compatriotas”. Sin embargo, en los primeros años de la república peruana y hasta muy avanzado el siglo XX la ciudadanía era negada o restringida para gran parte de la población, pese a la heroica participación de muchos de ellos en la guerra de independencia: la esclavitud continuó hasta Castilla, las y los indígenas siguieron siendo explotados, y el derecho al voto recién fue otorgado a las mujeres en 1955 y a los analfabetos en 1979.

Aún en 2023 la patria republicana de ciudadanas y ciudadanos iguales en derechos y oportunidades sigue siendo un desafío pendiente. Los pueblos quechuas, aymaras y otros originarios que pusieron las cuotas más altas de víctimas en el conflicto armado interno, también ahora son reprimidas con violencia letal cuando protestan y se les niega el derecho a movilizarse con exigencias políticas, como el adelanto de elecciones generales. La oligarquía no ha aprendido una lección básica en 200 años de independencia: el Perú no puede ser estable y progresar discriminando a algunos grupos sociales por motivos de etnia, cultura, lengua, clase social, género, o cualquier otra condición.

La república es el gobierno de todos, del pueblo, escribió Montesquieu en Francia en 1747, en “El espíritu de las leyes”. A diferencia del miedo y las jerarquías que caracterizan a la monarquía o al despotismo -nos dice este filósofo de la Ilustración-, la república se sustenta en la “virtud política”, que consiste en que el interés particular de cada uno se subordina al interés general. Es decir, el bien común -colectivo- tiene preferencia sobre el bien propio de cada individuo. Esta virtud política que aglutina y cohesiona, que identifica e integra a las y los ciudadanos de una república, es el amor a la patria. Un amor que crece y se comparte cuando todos y todas son reconocidos y valorados como iguales y nadie es excluido de participar en los asuntos del gobierno.

En la república que queremos las y los peruanos, amar a la patria equivale a respetar y defender la primacía del interés general sobre los intereses particulares. Y tiene como requisito indispensable la inclusión, es decir el reconocimiento y la defensa de los derechos de todas y todos, en condiciones de igualdad ante la ley y en la vida cotidiana. Por eso, el régimen político de la república es la democracia, entendida como un sistema de gobierno y de convivencia con garantías de participación universal, de libertad y de justicia, sin privilegios ni exclusiones.

En este marco, la educación -según vislumbraba el mismo Montesquieu a mediados del siglo XVIII-, tiene que jugar un rol fundamental en el desarrollo del amor a la patria como sustento de la democracia republicana, que por definición excluye la veneración o el miedo al monarca o al dictador como garantes de la cohesión, el orden y la obediencia. En su texto este autor nos dice: “Es en el régimen republicano en el que se necesita de toda la eficacia de la educación. (…) la virtud política es la abnegación, el desinterés, lo más difícil que hay.” (El espíritu de las leyes, Libro IV, Cap. V). Ese es el mayor desafío de la educación republicana y democrática.

En 1823, el primer Congreso Constituyente del Perú comprendió la importancia de la educación para la nueva república democrática; por eso definió la instrucción como una necesidad común y un derecho para todos sus individuos, que debía ser garantizada, dirigida, protegida y supervisada por el Estado. Aunque la implementación de este mandato ha sido lenta, hasta 1979 las sucesivas constituciones fueron ampliando y precisando este derecho, extendiendo la gratuidad y la inclusión hasta reconocer su vigencia para todas, todos y a lo largo de toda la vida. La Constitución de 1993 retrocedió en estas garantías y abrió las puertas a la mercantilización y el lucro, permitiendo que prevalezcan intereses particulares y el individualismo extremo por sobre el bien común.

En los últimos 30 años la cultura del capitalismo salvaje global ha extremado el individualismo, negando valor a la acción colectiva, la pertenencia a organizaciones sociales y el amor a la patria. Hoy en el Perú los representantes políticos de intereses particulares excluyentes y mafiosos, con apoyo militar, empresarial y mediático, han instalado un régimen totalitario, represivo y corrupto, contrario al bien común y a la voluntad popular expresada en las elecciones de 2021. Por eso, el aniversario 202 de la independencia nos encuentra luchando por la democracia, los DD.HH. y por la primacía del interés general.

En este contexto, la movilización nacional del 19 de julio y la lucha por elecciones generales adelantadas son las mejores expresiones de amor a la patria y de integridad ciudadana y republicana. A las y los educadores nos toca participar activamente en esta lucha política, y a la vez reforzar en las aulas el predominio del bien común mediante una pedagogía de cooperación y contextualización, orientada a tejer comunidades solidarias comprometidas con la democracia, la inclusión, la interculturalidad, el bienestar y el desarrollo sostenible.


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