Por Manuel Iguiñiz Echeverría

Asociado a Foro Educativo y Tarea

El Perú es un país de frecuentes situaciones de emergencia de orígenes e implicancias distintas. Siendo así que hoy, en el mes de junio, coexisten diferentes declaraciones de estados de emergencia: el de VRAEM, desde hace tres décadas, por narcotráfico; el de la zona norte, por desastres socio-naturales y el de Puno, para enfrentar la insurgencia popular[1]. A su vez, la emergencia sanitaria para enfrentar el brote de dengue, se prolongó por un plazo de 120 días calendario, a partir del 25 de mayo, en 222 distritos,[2] sin olvidar que, en mayo, teníamos de hecho una emergencia importante: la de los migrantes varados entre Chile y Perú. En formas distintas, estas diferentes situaciones de emergencia, impactan en el ejercicio de derechos humanos de la población, entre ellos, el derecho a la educación, la cultura y la recreación.

Entendemos las emergencias como las situaciones que trastocan las condiciones regulares de vida, dificultando en forma extraordinaria el ejercicio de los derechos humanos en territorios locales o nacionales, pudiendo surgir estas de desastres naturales o de situaciones creadas por la acción humana.

Todas las emergencias desafían a las instituciones sociales y estatales y desplazan las posiciones de actores institucionales y políticos. También cambian, en medidas diversas, las culturas y estilos de convivencia social y de ocupación del territorio, vinculadas a las estrategias de reparación de daños y prevención que se implementan.

Para contribuir a mejor abordar la larga y dura situación de emergencia educativa, derivada de la pandemia del COVID-19[1] y la actual inestabilidad del país, nos proponemos en este artículo identificar las diversas formas de emergencia educativa dadas en el país, hayan sido estas declaradas formalmente o sólo producidas de hecho.

1. La implementación práctica de las emergencias educativas en el país han resultado frustrantes.

Las diferentes emergencias en el sector educación tendrán como foco la afectación grave al derecho a la educación. En el Perú estas emergencias suelen tocar el servicio educativo y trabar en mayor medida el cumplimiento del derecho a la educación. Si bien el país tiene experiencia en enfrentarlas y se cuenta con protocolos para algunas de ellas, así como con recursos institucionales y materiales, las realizaciones han sido frustrantes es decir el derecho al acceso no se cumple. La gran expansión de la educación púbica, aún no alcanza la universalización.  Una expresión de reposición de infraestructura, sin asegurar prevenciones es la Reconstrucción con Cambios del norte desde el año 2017.

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La desigualdad educativa interna en el acceso a la educación juega un rol importante  en la débil capacidad del estado para responder a las emergencias. Como bien enfatiza Steinberg (2015:219), es necesario desarrollar diagnósticos específicos de las disparidades, particularmente en localidades en las cuales la desigualdad “se vuelve extrema y se requiere intervenciones especificas urgentes”, siendo esto totalmente válido para el Perú

Para Steinberg se puede diferenciar dos grandes tipos de emergencias. Una producida por trabas al acceso a la educación y otra producidas por la baja calidad de educación.

2. Las emergencias por trabas de acceso a la educación

Un tipo de emergencia se produce cuando los niños, niñas y jóvenes, no pueden asistir a la educación obligatoria. Steinberg señala diversos factores que pasaremos a analizar para el caso del Perú.

a. La falta de oferta educativa pública

Se refiere a la ausencia de oferta pública en algunos territorios, niveles (inicial o secundaria) o modalidades educativas. En el caso peruano, la insuficiente oferta adquiere especial gravedad dadas las numerosas poblaciones dispersas rurales y las dificultades en el transporte público, en especial en áreas alto andinas y en la amazonia. Asimismo, el déficit en infraestructura educativa es hoy una gran limitante para acoger a todos los que buscan la educación pública. Finalmente, la existencia de incoherencias normativas, han originado exclusiones. En este caso es necesario precisar que subsiste una exclusión total del acceso a la educación para menores en extra edad entre 9 y 13 años. Si bien la Ley General de Educación- LGE incluyó en la Educación Básica Alternativa – EBA la atención a “Niños y adolescentes” en extra edad, que no podían por ello seguir en Educación Básica Regular, en el año 2012, el nuevo reglamento de la LGE suprimió esa atención, al establecer que los estudiantes con extra edad recién podían acceder a la EBA a partir de los 14 años.

b. La falta de oferta por una suspensión temporaria

Como señala Steinberg (2015: 220), están los casos de desastres naturales como los climáticos, los sanitarios como las epidemias o los de cortes de servicios básicos que impiden la continuidad de las actividades en condiciones mínimas.  La alta vulnerabilidad del país con la recurrencia de desastres naturales, sean de origen sísmico o, como el del 2023, de inundaciones y huaycos, constituyen las causas más frecuentes para declarar las emergencias en educación. A su vez, ponen de manifiesto una reducida capacidad de aprendizaje, previsión y respuesta, desde los tres niveles del Estado y los territorios más vulnerables.

c. Las precarias condiciones socioeconómicas de las familias.

Como sabemos la gratuidad en la educación pública es relativa. Se requieren además de ella que las familias ofrezcan condiciones para el estudio en casa y, en muchos casos, recursos para transporte, asistencia en alimentación y controles de salud, así como atención emocional.

Al respecto, las crisis económicas por su importancia en nuestro pasado reciente, merecen recordarse. Tedesco (2015: 426), frente a los dramáticos ajustes estructurales para el control de la hiperinflación el 2001 en Argentina, se plantea “como educar en un contexto de emergencia social y pobreza”. Citando a Rivas (2013), precisa que “en los contextos de pobreza, la escuela se convirtió en un espacio de contención social más que de enseñanza aprendizaje”. En el Perú, diez años antes sufrimos los efectos de la hiperinflación y los ajustes estructurales que extendieron masivamente la pobreza y se tuvo una breve emergencia educativa con el  programa “La Escuela Defiende la Vida”. Actualmente, la crisis económica mundial asociada a la pandemia y la falta de prevención respecto al cambio climático, están generando una agudización de la pobreza y de la inseguridad alimentaria en el país.

d. Elementos de orden político-institucional.

En la provisión del servicio público formal, según Steinberg (Pág. 221) juegan además “elementos de índole político-institucional que han llegado a constituir situaciones de emergencia educativa. Son los casos de huelgas prolongadas, como el de la huelga magisterial nacional en el año 2017 o los estados de emergencia suspendiendo derechos constitucionales, para contener movilizaciones políticas o sociales, como en los actuales casos de Puno o la que enfrenta el narcoterrorismo en 44 distritos de Ayacucho, Huancavelica, Cuzco y Junín (VRAEM). Por otro lado, entre el millón y medio de migrantes venezolanos en el Perú, muchos de sus hijos han pasado y pasan situaciones de vulnerabilidad y por tanto problemas de inserción regular en las escuelas.

3. Emergencias por la baja calidad de la educación.

La baja calidad de la educación, también puede estar en el origen de las emergencias educativas, como bien lo señala Steinberg (Óp. cit. Pág.221-222). El incumplimiento de ofrecer una educación de calidad a todos los estudiantes es la falla más extendida en el sistema educativo peruano alcanzando a gran parte de la educación pública y privada.

La Emergencia Educativa de nivel nacional del período 2003 -2006,  fue declarada a partir de los bajos rendimientos de aprendizaje evidenciados en mediciones nacionales e internacionales, llamando la atención pública respecto a la baja calidad y equidad en la  educación y el consiguiente fracaso en garantizar el derechos a aprendizajes básicos a los estudiantes.

El Ministro Malpica, formuló el Programa Nacional de Emergencia Educativa 2004[4] y el Ministro Sota Nadal, en continuidad, desarrolló una movilización social por los aprendizajes fundamentales: “Un Perú que lee, un país que cambia”.

4. Explicitar la atención a la emergencia para superar las desigualdades

Finalmente, es necesario señalar que la familiaridad con las emergencias en el país está acompañada de su trivialización y falta de efectividad.

La lucha por asumir más firmemente esta problemática, su tratamiento preventivo y de mitigación de daños, con mejoras e innovaciones, es parte importante en la construcción de capacidades sociales y estatales orientadas al desarrollo sostenible. En seminario de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana (SIEP)[5]  hemos planteado la necesita de seguir reconociendo la profundidad de las desigualdades como barrera en el ejercicio del derecho a la educación en la situación de pandemia. Se dispone de poca información y materiales educativos que muestre cuanto se avanzó en una pedagogía de dialogo de aprendizajes, que en términos de Pérez Gómez (2017:42) en superar la escuela academicista y plantear “retos cognitivos ligados los problemas reales.”

Para avanzar en esta dirección es conveniente modificar la Ley General de Educación para incluir explícitamente la atención a la emergencia educativa. Asimismo, incluir esta problemática en la planificación: sea el PEN al 2036, los planes de mediano plazo en el Minedu  o los gobiernos  regionales y locales. Para estos efectos, es necesario considerar las elaboraciones internacionales. Para la implementación existen instrumentos para las emergencias en gestión educativa: Protocolos y Guías, como los promovidos por OREALC-UNESCO, que pueden servir como referencia.

Notas

[1] Decreto Supremo que prorroga el Estado de Emergencia declarado en el Departamento de Puno. DECRETO SUPREMO. N° 070-2023-PCM. por 60 días calendario a parir de 6 de junio.

[2] Mediante el Decreto Supremo N° 009-2023-SA. 13 de mayo.

[3] Esta emergencia, tuvo una declaratoria formal dl Presidente P. Castillo y un Plan Nacional de Emergencia de Sistema Educativo Peruano, del Ministro de Educación  J. Cadillo el 20 de setiembre del 2021.

[4] Decreto Supremo N° 029-2003.ED del 13-12-2003.

[5] VIII Seminario Nacional de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana. Educar en tiempos de crisis y emergencia: el desafío de mejorar los aprendizajes y el bienestar.  Ica . 18-20 de mayo

Bibliografía

Minedu. La escuela defiende la vida. Evaluación del programa de emergencia. Comité Ejecutivo Central del Minedu. “Revista Tarea N° 26, mayo 1991.

Montero, Carmen. “La emergencia educativa 2003-2006. Andanzas y ninguneos de un programa estatal.  En. Montero y otros. (2009). El Estado de la situación. Estudios sobre políticas, programas y burocracias del sector. Lima: IEP.

OREALC-UNESCO. (2017). Reconstruir sin ladrillo. Guías de apoyo para el sector educativo en contextos de emergencia. Santiago de Chile.

Pérez, A. (2017). Pedagogías para tiempos de perplejidad. De la información a la sabiduría. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.

Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia y Desastres (INEE): www.ineesite.org

Steinberg, Cora.” Desigualdades sociales, políticas territoriales y emergencia educativa.” En: Tedesco, Juan Carlos (2015). La educación argentina hoy: la urgencia del largo plazo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores

Tedesco, J. C. (Compilador) 1915. La educación argentina hoy. La urgencia del largo  plazo. Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores Losada.


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