Severo Cuba Marmanillo. Educador, Presidente de Foro Educativo
A puertas de la elección de un nuevo gobierno para los próximos cinco años, nos preocupa qué le espera a la educación peruana. Desde la aprobación de la Ley General de Educación en el 2003 que constituía una agenda de políticas a favor de un ejercicio universal del derecho a la educación, hemos visto pasar gobierno tras gobierno sin que la promesa de una educación para todos y todas se cumpla. Nos preguntamos si quienes aspiran gobernar nuestro país el próximo quinquenio comprenden los problemas críticos de nuestra educación y si sus propuestas están encaminadas a su resolución.
Quisiéramos interpelar a los partidos políticos en torno a cuatro problemas cuya transformación es clave para el derecho a la educación: 1) La desigualdad educativa, 2) la formación de ciudadanía democrática, intercultural y ambiental en la educación básica y superior, 3) el establecimiento de una gestión educativa descentralizada, participativa y desde los territorios y, 4) el desarrollo profesional de la docencia.
Un problema grave en la educación peruana es la desigualdad en el acceso, permanencia y culminación oportuna a una educación de calidad. La literatura señala que en el Perú si una persona pertenece a una población rural o afrodescendiente, tiene como lengua materna una lengua indígena u originaria, o es parte de los grupos sociales de menores ingresos, por cada uno de estos factores su acceso a una educación de calidad se irá limitando. Esto se expresa en que más de dos millones de niños, niñas y adolescentes entre 3 y 17 años están excluidos del sistema educativo. En el caso de los pueblos originarios, hay una lamentable tendencia a la desaparición de sus lenguas y hay un déficit de más de veintiséis mil docentes especializados en educación intercultural bilingüe necesarios para la atención a estas poblaciones. Asimismo, también hay un déficit de atención a la población con necesidades diferentes. Cabe agregar que la pandemia ha agudizado este escenario de desigualdad educativa. Cabe preguntarnos ¿Qué proponen los partidos políticos para cambiar esta situación en los próximos cinco años?
La educación pública tiene una función de cohesión social, era el lugar donde todos y todas se relacionaban, el hijo de bodeguero, del trabajador obrero, de la empleada doméstica y del banquero. Hoy las instituciones educativas siguen una pauta de gueto social, nuestros hijos no se mezclan, no aprenden a convivir con los y las diferentes, sino que se ha profundizado una lógica de segregación. Persisten entre nosotros concepciones y prácticas ajenas con una cultura democrática, como son el racismo, la discriminación por género que afecta los derechos de las peruanas y a las personas LGTBI.
En una parte importante de la población peruana predomina la percepción de que es mejor un gobierno autoritario que una ciudadanía democrática, a pesar de momentos lúcidos como los de la juventud en noviembre del 2020. Las ciudades crecen y las poblaciones han naturalizado que se destruyan humedales, bosques, desiertos y que los ríos discurran colmados de deshechos nos parece normal. La educación tiene una función formadora de ciudadanía para el desarrollo de una vida buena para la población. ¿Cómo se proponen los aspirantes de gobernar lograr que la educación tenga un rol claro y firme en la formación de una ciudadanía democrática, intercultural y ambiental?
El centralismo sigue siendo un problema que afecta el desarrollo de una educación articulada al desarrollo de regiones y territorios. La gestión centralizada de los programas presupuestales afecta las posibilidades de una distribución inequitativa del presupuesto educativo que tendría que atender a la población de acuerdo a la diversidad de realidades sociales y educativas en las regiones y territorios. La capacidad creativa y de gestión de los actores regionales suele ser puesta en cuestión como argumento para abrir el espacio para una gestión educativa efectivamente descentralizada. La función del Ministerio de Educación es principalmente la rectoría, pero se adjudica la intervención directa en los territorios. Esto, además, limita la participación de las comunidades en las decisiones y en la vigilancia social de la gestión. Por otra parte, gestión descentralizada significa también un descentramiento de los adultos en la institución educativa y una promoción del protagonismo del estudiantado en su propia educación. ¿Qué medidas tomarán en los próximos cinco años para generar una auténtica gestión educativa descentralizada y participativa?
Finalmente, la cuestión docente. Como es consenso en la política educativa pública, el magisterio es un actor central en la concreción del derecho educativo y de los procesos de cambio que quieran impulsarse. Sin embargo, en el largo plazo se aprecia que el sector educación ha demostrado escaso reconocimiento a la docencia, particularmente en este contexto de pandemia, donde ha sido clave el compromiso y la creatividad de las y los docentes en la acción educativa. Se requiere un énfasis distinto para cambiar la educación colocando en el centro de la política docente el reconocimiento y desarrollo de su protagonismo y autonomía profesional. Asimismo, garantizar condiciones para el despliegue de sus capacidades; en este sentido impacta negativamente que el 40% de docentes de la educación básica pública se encuentre en condición de contratado. ¿Qué harán quienes aspiran a ocupar Palacio de Gobierno para favorecer el protagonismo docente en la acción pedagógica e institucional del sistema, particularmente en el caso de la docencia en poblaciones rurales, pueblos originarios y población con necesidades diferentes?
Esperamos que los documentos de Plan de Gobierno que por norma han debido entregar en el JNE sean declaraciones sinceras y compromisos veraces. Pero quisiéramos que pudieran responder a cada una de estas cuatro cuestiones. De sus respuestas sabremos deducir qué le espera a nuestra educación los próximos cinco años.
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