Por: Patricia Andrade, asociada de Foro Educativo.

Ya va para un año desde que la OMS declaró pandemia la propagación de la COVID 19. Desde entonces, todo lo que nos era habitual -los encuentros con amistades, las visitas, los paseos, las salidas, ir al cine, a trabajar, a estudiar- pasó a convertirse en situaciones de riesgo y fue puesto en suspenso. Fuimos impulsados a adoptar nuevas formas de vivir, nuevas rutinas, la vida cotidiana se trastocó. Tuvimos que reinventarnos en muchos sentidos, en lo individual y en lo colectivo, con altos costos personales y sociales, pero también con flexibilidad, despliegue de creatividad y manifestaciones de solidaridad. En muchos casos hemos descubiertos nuestros límites, pero también lo que podemos llegar a ser y cambiar.

A estas alturas, resulta poco sostenible pensar que estamos ante un estado pasajero y que ya pronto, vacunas de por medio, iremos retornando a la antigua “normalidad”. En realidad, cabe preguntarnos cuál es esa normalidad a la que se supone volveremos. Porque, más allá de nuestras rutinas alteradas, junto a las varias pérdidas y el dolor, la pandemia nos ha confrontado con nuestras formas de vida y nuestras formas de pensar: desde lo poco conscientes que hemos sido acerca de nuestra interdependencia, de las consecuencias que tienen nuestras acciones en los demás y de cuánto impactan en nuestras vida decisiones que se toman al otro lado del planeta; hasta la urgencia de generar una forma sostenible de relación con nuestro entorno, de ser conscientes del impacto que tiene en el planeta nuestra forma de vida, nuestros hábitos de consumo, nuestras formas de producir riqueza.

Junto a ello, la pandemia también ha evidenciado de modo inocultable las profundas desigualdades que arrastramos como país, y que hacen que nuestro país diste aún mucho de ser una República de iguales, que seguimos siendo una sociedad de privilegios, que muchos no imaginan ni por asomo la existencia de gente que vive del trabajo del día o que, para sobrevivir, no les quedó más remedio que irse caminando desde Lima hasta sus ciudades de origen, poniendo sus vidas en riesgo. Era el COVID o el hambre.

Ante una crisis de esta magnitud, remecidos en lo que hacíamos, ¿cuál es el escenario que seguirá? Hace pocos días circuló una reseña de 20 puntos, publicada en la revista The Economist, producto del análisis de más de 50 expertos, acerca de lo que viene para 2021. Un escenario marcado por la tecnología, por la no presencialidad en actividades diversas y la continua transformación radical de hábitos. Cierra el resumen señalando que “El mundo está viendo este año como un nuevo inicio. Un renacimiento (en el que) la gente replanteará sus metas personales, de trabajo, de salud, de dinero y espirituales…”.

En suma, la pandemia se constituye en un punto de quiebre, en un antes y un después. La vida, el mundo, la humanidad, no seremos los mismos. El impacto que todo ello tendrá en nuestras formas de vida está apenas dibujándose.

En este contexto, resulta indispensable recuperar y fortalecer el rol transformador de la escuela. La formación de una generación capaz de generar un mundo más inclusivo, más “razonable”, más flexible y capaz de adaptarse a los cambios. Reafirmar la formación de ciudadanos y ciudadanas como sentido de la educación para el país que necesitamos (re)construir y en el contexto del mundo actual; en un escenario que nos ha evidenciado la extrema interdependencia que tenemos. Para transitar a algo mejor, lo hacemos en comunidad o no la hacemos. En un reciente trabajo publicado por Fernando Reimers (2021), nos habla de formar en un tipo de ciudadanía -la denomina global- que prepare a los estudiantes para “…comprender y funcionar en comunidades cada vez más interdependientes con respecto a otras comunidades de todo el mundo”. 

También para seguir aprendiendo, de modo que puedan actuar e interactuar con efectividad en entornos en continua transformación, como lo hemos comprobado ya hace buen tiempo, acentuado ahora por la pandemia. Lo señalado por Reimers, palabras más, palabras menos, es una de las principales aspiraciones de la educación peruana, expresada de maneras diversas desde la Ley General de la Educación, pasando por el Currículo nacional y el Proyecto Educativo Nacional al 2036 aprobado recientemente (también lo fue en el PEN al 2021).

Formar ciudadanos y ciudadanas que se relacionen con los demás de manera justa y equitativa, que actúen reconociendo que todas las personas tenemos los mismos derechos y deberes. Que se interesen por el otro, que respeten y se relacionen con deseo de enriquecerse de quien es diferente (diversas culturas y toda forma de diversidad). Que se involucren y tomen posición frente a aquellos asuntos públicos y quieran contribuir en la construcción del bien común, en el fortalecimiento de la democracia y la defensa y promoción de los derechos humanos para todos y todas. Que se preocupa por el otro y actúa frente a cualquier forma de discriminación.

Es también una de las 29 competencias del Currículo Nacional, además de ser parte de sus enfoques transversales. Un currículo que, como intención, busca desarrollar en los estudiantes la capacidad de análisis, de reflexionar críticamente por lo que ocurre en su entorno, que dialoga, argumenta, escucha, que busca construir consensos.

Es pues una vieja apuesta que, sin embargo, no ha logrado calar en la práctica educativa, si nos atenemos a datos como los del estudio de la Unidad de Medición de la Calidad, del Ministerio de educación (Minedu) en el 2018: 2 de cada 5 estudiantes considera que dictadura es mejor que democracia, 1 de cada 4 piensa que los hombres están mejor calificados para ser líderes políticos y 2 de cada 3 no quisiera tener de compañero/a de clase alguien que hable una lengua originaria o tenga una orientación sexual diferente. 

Tal vez no debiera sorprender estos resultados si tenemos en cuenta que 8 de cada 10 docentes persiste en prácticas repetitivas, buscan más la retención y repetición de información que su uso para reflexionar, pensar críticamente y resolver problemas; y 8 de cada 10 no alientan ni permiten que sus estudiantes expresen sus ideas e intereses, sino que practican una forma pasiva de participación (seguir instrucciones, indicarles paso a paso qué hacer). Igual proporción es la que insiste en brindar preguntas cerradas y no aquellas que inviten a la reflexión y a pensar por sí mismos (Monitoreo de Prácticas Educativas, realizado por la Oficina de Seguimiento y de Evaluación Estratégica (OSEE) del Minedu, 2019).

Tal vez un planteamiento como este supone una reforma radical en la manera de concebir e implementar el proceso educativo. Y una reforma como esta, como señala Reimers, supone una aproximación multidimensional, que ha estado ausente en nuestra forma de gestionar (acá y alrededor del mundo, salvo excepciones). Reimers habla de la confluencia de cinco perspectivas sobre el cambio educativo: cultural, psicológica, profesional, institucional y política.

Supone, por poner algunos ejemplos, que confluyan las expectativas de familias, docentes, instituciones, iglesias, sindicatos, sobre el sentido de la educación y lo que se debe aprender en la escuela; que estén de acuerdo, por ejemplo, en la necesidad de incorporar un enfoque de género a la educación, que permita avanzar en la construcción de una sociedad inclusiva, como base para desarrollar un país más cohesionado. Supone también la confluencia en la forma de concebir cómo debe darse el proceso educativo y que docentes y directivos cuenten con las capacidades, la autonomía y el soporte institucional para asumirlo. 

Que las estructuras institucionales, la administración, las normas, confluyan en la misma dirección y den la coherencia y el soporte necesarios, desde el nivel micro (la escuela) hasta el nivel macro (Ministerio). Supone, además de todo lo anterior, lograr que los grupos de poder cuyos intereses se ven afectados alineen sus agendas o que se logre neutralizar sus resistencias; las tensiones y discusiones recientes en torno a la SUNEDU y los procesos de licenciamiento de las universidades son un claro ejemplo de ello.

Visto así, se entiende lo difícil que resulta concretar una educación que forme ciudadanía, una ciudadanía involucrada con el bien común y la democracia. Al mismo tiempo, la pandemia y todo lo que nos ha confrontado y visibilizado abre una ventana de oportunidad.

En una reciente presentación del libro de Fernando Reimers, nos recordaba cómo después de la II Guerra mundial los países se preguntaron cómo había sido posible dejar que ocurriera lo que significó esta guerra. Una herencia de esta historia fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre del 1948, como una herramienta que establece el ideal común para todos los pueblos y naciones, para proteger al mundo entero de nuevas confrontaciones similares. ¿Cuál será el legado de la pandemia? ¿Seremos capaces de hacer un buen balance de las ganancias -sin negar los costos- y enrumbarnos hacia un cambio no solo de rutinas sino de la manera de concebirnos como sociedad, del tipo de desarrollo y economía que requerimos para cerrar brechas, para que nuevas pandemias nos encuentren más preparados, más cohesionados, con más igualdad?

Ahora más que nunca, la educación es la clave para construir un nuevo escenario post pandemia. Educar para que nada de lo humano nos sea ajeno.

Categorías: PUBLICACIONES

0 Comentarios

Agregue un comentario

Avatar placeholder

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *