Por: Manuel Bello Domínguez

Publicado originalmente en Educacción.

El fortalecimiento de la educación pública, de todos y para todos, es el camino para avanzar hacia una sociedad democrática, inclusiva e intercultural, porque todos juntos es mejor.

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El primer objetivo de la agenda de la Movilización Social por la Educación Pública, propuesta por “Foro Educativo” y respaldada por un número creciente de organizaciones sociales y educativas en todo el Perú, apunta hacia la inclusión educativa, la universalidad y la valoración de las diversidades, en una educación pública renovada y fortalecida: “Una educación que acoge a todas y todos los estudiantes en su gran diversidad, incluyendo a quienes migran desde las instituciones educativas privadas y a quienes se encuentran fuera del sistema educativo en cualquier modalidad.” Los peruanos queremos y podemos lograr este objetivo; por eso nos movilizamos y exigimos al Estado un verdadero compromiso financiero y político -intersectorial y descentralizado- con el fortalecimiento de la educación pública, con todos y para todos.

En plena emergencia sanitaria y económica, con las escuelas de todo el país cerradas, la educación pública -pese a sus carencias y limitaciones- recibió a más de cien mil niños, niñas y adolescentes que no podían seguir estudiando en escuelas privadas. Muchos padres y madres de familia se quedaron sin trabajo y sin la posibilidad de seguir pagando las pensiones. Muchas pequeñas escuelas privadas se quedaron sin ingresos suficientes y carecían de capacidades o recursos para adaptarse a la modalidad de enseñanza remota que impuso la cuarentena. Esas escuelas no pudieron garantizar la continuidad del proceso educativo de sus estudiantes, por lo que debió intervenir el Estado como garante del derecho a la educación. Considerando el grave empeoramiento de la situación económica de muchas familias, la educación pública debe reforzarse para recibir a nuevos contingentes de alumnos y atenderlos con empatía y buena calidad.

Cuando la pandemia obligó a suspender la actividad presencial en las aulas, la educación pública adoptó el modelo de enseñanza remota de emergencia, con los medios disponibles, para seguir brindando el servicio educativo a millones de estudiantes de educación básica regular, especial y alternativa. La estrategia “Aprendo en Casa” fue diseñada para distribuir contenidos educativos por internet, televisión y radio; se ofreció capacitación a los docentes y se dieron normas y orientaciones para que el año escolar pudiera continuar en los hogares, con apoyo de los padres y madres de familia y la colaboración de diversas instituciones. Muchos alumnos quedaron excluidos y -pese a los esfuerzos realizados- la experiencia de aprendizaje ha sido desigual y de baja calidad para los que lograron conectarse. Solo la educación pública fortalecida y la acción intersectorial del Estado pueden lograr que todos se conecten y transformar “Aprendo en Casa” en una plataforma robusta y eficaz de educación a distancia de buena calidad para todo el país.

Por otro lado, el 98% de los estudiantes de la Educación Básica en áreas rurales están matriculados en escuelas públicas. Antes de la pandemia, casi la totalidad de los niños y niñas con edades entre 6 y 11 años asistían a una escuela primaria, una mayoría de los adolescentes accedían a la educación secundaria y una gran proporción de los niños de 4 y 5 años recibían servicios rurales de educación inicial, gracias a la educación pública. Ellos han sido los más afectados por la exclusión o la baja calidad de su acceso a “Aprendo en Casa”, por deficiencias de la conectividad. El Perú tiene por delante el desafío de mantener y ampliar la cobertura en Inicial y Secundaria, además de desarrollar estrategias efectivas para asegurar que todos los alumnos de la educación básica completen oportunamente la educación secundaria, con logros satisfactorios. Se tiene que reforzar la educación básica pública en áreas rurales y retener a sus estudiantes hasta su culminación.

Así mismo, la educación escolar de las poblaciones indígenas, hablantes de lenguas originarias distintas del castellano, es una tarea asumida exclusivamente por el Estado. Si bien aún falta mucho para incluir en el sistema educativo nacional a la totalidad de los niños, niñas y adolescentes indígenas del Perú, con calidad y pertinencia, lo avanzado hasta ahora en cobertura de atención, formación y provisión de docentes, textos en muchas lenguas, materiales y recursos para la enseñanza y el aprendizaje en un marco intercultural y bilingüe, es producto de la educación pública. Tal como en el caso de la educación en áreas rurales, solo la educación pública fortalecida podrá llegar a toda la población indígena, garantizando su derecho a una educación básica completa de buena calidad, diversificada en función de contextos, culturas y lenguas.

Por otra parte, los adolescentes trabajadores, los jóvenes y adultos -unos 18 millones de peruanos-, tienen derecho a completar la educación secundaria, acceder a estudios terciarios y aprender a lo largo de toda la vida para asegurar oportunidades de trabajo y bienestar. El Estado es casi el único que les ofrece de manera gratuita -por medio de la educación pública- la posibilidad de estudiar, aprender y recibir la certificación necesaria para el empleo y la continuación de estudios. Los Centros de Educación Básica Alternativa, instituciones de educación técnica y superior tecnológica y las universidades públicas cumplen un rol fundamental en la garantía del derecho a la educación. El fortalecimiento de la educación pública también permitirá ampliar la cobertura y mejorar la calidad de las instituciones educativas del Estado, que deben garantizar a estas poblaciones su derecho a seguir aprendiendo.

En una democracia, la educación pública está llamada a ser la educación de todos, por todos y para todos. En primer lugar, porque se trata de un derecho fundamental -habilitador para el cumplimiento de otros derechos esenciales, para el acceso igualitario a oportunidades y a una auténtica ciudadanía- al que todos deben tener acceso sin exclusiones, pero también sin privilegios ni desventajas, atendiendo a la diversidad de necesidades específicas. Y, en segundo lugar, porque la educación con calidad y equidad es el principal medio para el desarrollo de la democracia, para la cohesión social, para la construcción de una república diversa de ciudadanos iguales y solidarios.

Por su parte, la educación privada -a diferencia de la pública- se rige por la lógica del mercado y las leyes de la oferta y la demanda. Las instituciones educativas privadas dependen de la capacidad de pago o contribución de las familias o “clientes” para financiar sus gastos, y generan -en la mayoría de los casos- una ganancia económica para sus dueños; son pocas las instituciones educativas privadas gestionadas por asociaciones sin fines de lucro que no reparten ganancias, pero que igualmente dependen de las pensiones que pagan los clientes para ofrecer el servicio educativo. Como ocurre con todo lo que se distribuye en el mercado, el precio -pensiones- que cobra una institución educativa privada determina quiénes pueden y quienes no pueden acceder al servicio que ofrece.

La educación privada de mercado es discriminatoria, por definición y al margen de sus intenciones: excluye a muchos y distribuye a los estudiantes en instituciones educativas diferenciadas por su precio y por su calidad. Es como una pirámide que ubica en su cumbre a la élite más privilegiada y que tiene pisos o estratos que van descendiendo en recursos, oportunidades para aprender y resultados, en coherencia con el nivel socioeconómico de las familias de sus estudiantes. Esta segregación educativa por niveles socioeconómicos es la principal causa de la desigualdad educativa y social que caracteriza al Perú, y el mayor obstáculo para avanzar hacia una sociedad más cohesionada, democrática, pacífica y respetuosa de todas las diversidades. El fortalecimiento de la educación pública, de todos y para todos, es el camino para avanzar hacia una sociedad democrática, inclusiva e intercultural, porque todos juntos es mejor.

El desafío del cambio de la educación es intersectorial y compromete a todos los niveles de gobierno y de participación de los ciudadanos, desde el ámbito nacional hasta el espacio territorial local: el barrio, la cuenca del río, el distrito. La renovación del servicio en las instituciones educativas tiene que ser acompañada de mejoras en las redes viales locales, cobertura universal de los servicios esenciales de agua potable, electricidad, vivienda digna, internet; junto con salud, alimentación y protección para todos los niños, niñas y adolescentes. Se tienen que garantizar condiciones de educabilidad y bienestar, para que nadie se quede fuera y todos puedan desarrollar sus potencialidades personales y colectivas. Nos movilizaremos en todo el Perú, con Foro Educativo y sus aliados, con los docentes, las familias y las comunidades, para hacer realidad estos objetivos y acabar con las desigualdades.

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1 Comentario

Ari · 22/08/2020 en 3:02 PM

Es muy interesante el articulo

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