Por: Teresa Tovar Samanez
El gobierno de Martín Vizcarra ha tomado medidas acertadas para hacer frente la pandemia y aplanar la curva de incremento de personas infectadas. Tienen el respaldo mayoritario de la ciudadanía (96%) y se toman pese a las limitaciones y precariedad del sistema de salud, cuyo presupuesto está estancado por 30 años (2.37 % del PBI).
Al extenderse la cuarentena, el gobierno ha tomado medidas sociales que, sin embargo, resultan insuficientes, pues dejan fuera a mucha gente que no tiene como alimentarse y sobrevivir. Cuatro historias de la vida real reflejan este gran problema que discurre en una situación de gran desigualdad social preexistente.
Antonio tiene 23 años y estudió hasta quinto de secundaria. Vino a Lima hace 5 años y trabaja como empleado informal de una microempresa de hebillas. Ahora se quedó sin ingresos pero según el INEI no es vulnerable y de acuerdo al Ministerio de Trabajo tampoco es trabajador independiente y no figura en sus registros. Como vive al día, no sabe cómo hacer ahora para alimentar a su esposa y su hijita de 1 año con quienes vive en un solo cuarto en la parte alta de Comas. No tiene cómo pagar el alquiler ni los servicios básicos.
John es un joven de 36 años que tampoco es cubierto por el bono de S/.380. Fue obrero en una empresa minera y al momento de la cuarentena trabajaba en una carpintería informal, sin planilla.
Al dueño de la carpintería probablemente sí le alcanzará el bono como “independiente”. John, con sólo 5to. de secundaria no puede sustentar a su esposa y a su bebé recién nacida sin tener ingresos ni ahorros. La cuarentena lo condena al hambre en su cuarto alquilado. Compró víveres al crédito con una tarjeta prestada y tampoco tiene cómo pagarlos en medio de una cuarentena que se extiende.
Martín tiene 33 años y un título universitario de geólogo de una universidad nacional. Pese a ser el orgullo de su familia no ha podido conseguir empleo en su profesión. Recientemente tuvo que migrar a Lima donde se cachueleaba en un taller informal de muebles y ahora rumia su desamparo en su cuartito alquilado que debe dejar porque no puede pagar. Buscó su nombre en el padrón de los bonos y no lo encontró. Sus sueños profesionales han sido sustituidos por la necesidad de supervivencia elemental.
Víctor de 32 años y 5to de secundaria trabajaba en una empresa informal de ollas de aluminio y se quedó en el aire, sin ingresos, sin ahorros y sin bono. La plata alcanzó para una semana y ahora no tiene cómo alimentarse ni pagar el alquiler ni la luz. Trabajaba en diversas microempresas informales y enviaba dinero a sus padres que son pequeños agricultores de la costa norte. Un vecino de Víctor, que tiene varias tiendas y bodegas sí recibirá el bono pese a tener un ingreso 5 veces superior.
Estos cuatro casos reales son sólo una pequeña muestra de los millones de personas que son los pobres de la cuarentena, los informales precarios e invisibles, que no figuran en las estadísticas ni en las planillas.
Son parte de los cerca de 8 millones de personas que tienen subempleo en el Perú. Quienes hicieron el padrón de beneficiarios del bono no los visualizaron ni consideraron. Para el Ministerio de Trabajo que extenderá el padrón también son fantasmas porque a estos jóvenes les pagaban sin boleta. Pese a que ganaban menos de 1,500 soles, no serán beneficiados con el 35% del subsidio a las empresas por estar fuera de la planilla.
Las medidas sociales se han dado con buena intención pero, como señaló Farid Matuk, con impericia, ya que no cubren a una proporción importante de la población que necesita los subsidios.
Atender los estragos sociales de la pandemia en medio de una cuarentena que debe extenderse, es indispensable en un país con altos índices de pobreza (6.5 millones de peruanos), desnutrición (12.2% nacional y 30% rural), anemia (42.2%), subempleo (40%) y desigualdad (Los peruanos más acaudalados (10%) perciben 18 veces más más ingresos que el 10% más pobre.
Se debe extender el bono con otros criterios. Humberto Campodónico sugiere otorgar S/.500 a 5 millones adicionales de personas, tomando como referencia la canasta básica de consumo (S/.1,400). Matuk propone que se entregue el bono a todas las personas que están en el SIS y/o tienen sus hijos en un colegio público. Existen recursos sobrados para esto en el Fondo de Estabilización Fiscal ($ 5,900 millones).
Suspender el pago de los servicios básicos y liberar los fondos de las AFP son medidas que deben sumarse. El objetivo común es garantizan la efectividad de la cuarentena y, a la vez, evitar que las personas pasen hambre y sean presa de la desesperación.
Sólo así se podrá consolidar el consenso logrado sobre las medidas de emergencia.
NOTAS:
1.- Los nombres son ficticios.
Los casos son reales.
2.- Ex Director del INEI
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