Análisis de las propuestas
Análisis de propuestas en Educación en cinco partidos políticos.
Elecciones Presidenciales 2011
Luis Sime Poma – Consultor Observatorio
El proceso electoral es sin duda un espacio donde los actores políticos buscan exponer sus propuestas de políticas formalizadas en sus respectivos planes de gobierno. En dichos planes los partidos expresan sus ideas centrales sobre el sector educación, tanto en versión de diagnóstico o netamente propositiva. En esta última existen dos tipos de formulaciones: las declarativas, principistas; y las que expresan metas de logro, sean cualitativas o cuantitativas.
En las siguientes páginas nos detendremos solo en analizar algunas de las ideas más propositivas de cinco de las once agrupaciones políticas que compiten en estas elecciones. Para ello, tomaremos como criterio las primero cinco agrupaciones que aparecen con mayor intención de voto en las encuestas más difundidas en el país1: Alianza para el Gran Cambio (Alianza), que lidera Pedro Pablo Kuczynski; Gana Perú, encabezado por Ollanta Humala; Perú Posible, a través de la candidatura de Alejandro Toledo; Fuerza 2011, que lleva a Keiko Fujimori y Solidaridad Nacional con Luis Castañeda. El análisis toma como fuente única los planes de gobierno oficiales de los partidos políticos, especialmente en las partes dedicadas a la educación2. Como es de suponer, durante la campaña los candidatos presidenciales u otros representantes políticos han ido explicando o complementando verbalmente sus propuestas para educación.
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1. FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN
Salvo Solidaridad Nacional, todos los partidos son muy explícitos en señalar una meta de logro del financiamiento de la educación. Existe una tendencia mayoritaria a considerar el financiamiento como porcentaje en relación al PBI, aunque Gana Perú opta más bien en formularlo en términos de porcentaje del presupuesto nacional (20%). Entre los que utilizan la referencia al PBI, Gana Perú y Fuerza 2011, plantean que el financiamiento debe ser equivalente al 6% del PBI y Alianza de 7% aunque también en otra parte de su plan menciona la cifra del 6%.
Solo dos partidos logran especificar (Alianza y Gana Perú) como fuente de financiamiento de la educación las políticas tributarias que piensan realizar. También son dos los que proponen usar tanto el canon del gas (Solidaridad) y el canje de deuda para financiar la educación y otros aspectos sociales (Gana Perú). Existen adicionalmente diversas propuestas para mejorar las condiciones del gasto en educación; entre ellas, como condiciones más políticas, Perú Posible plantea el “Pacto Nacional por la Educación” que asegure el duplicar el presupuesto en el sector; por su parte, Gana Perú señala la necesidad de crear un fondo intangible para el gasto en educación y salud. Los otros partidos plantean otras condiciones más instrumentales o de procedimiento en la forma de ejecutar el gasto en el sector. Solidaridad propone presupuestos por resultados; Fuerza 2011, mejorar la focalización y un banco de proyectos de inversión donde se tendrán modelos de infraestructura, como para hacer aulas.
Lo cierto es que la discusión técnica estriba en cómo planificar mejor la inversión en este sector, a través de la referencia al PBI, al presupuesto anual del gobierno o al costo por alumno. La pregunta es cuál de ellos es menos riesgoso y más confiable para un país como el nuestro y si se trata de cálculos excluyentes. Al respecto, Kudó y Vera (2010: 71)3 defienden el desarrollar un gasto educativo más centrado en el estudiante y los resultados “mediante la aplicación de fórmulas transparentes que reflejen los costos y condiciones de provisión de servicios por estudiante, y la expansión del modelo de presupuesto por resultados. Los recursos asignados deberían llegar a cubrir los costos básicos de la provisión del servicio educativo, lo cual supone calcular dichos costos para diferentes contextos y con claros estándares de calidad. El uso de fórmulas de asignación presupuestal por estudiante permitirá mejorar la transparencia, evitará focos de corrupción y pérdidas de recursos, incrementará el nivel de rendición de cuentas del sistema educativo y mitigará las inequidades del sistema”. El Consejo Nacional de Educación (2010), por su parte, propone como marco presupuestal para los años 2012-2016 el incremento anual automático del 0.25% del PBI hasta alcanzar el 6% y la asignación de plazas docentes y de bienes y servicios en función de canastas básicas diferenciadas por alumno, de modo que cada institución educativa sepa automáticamente cuánto le toca al año para atender a sus estudiantes.
La necesidad de aumentar la inversión en el sector lleva también a la pregunta por la capacidad y equidad del gasto en el sector y cuál es su incidencia en la calidad del servicio. A octubre del año pasado, el Ministerio de Educación solo había ejecutado aproximadamente el 32% de su presupuesto4 , lo cual nos indica problemas serios de gestión para ejecutar lo presupuestado. Cuál es la política que, en caso de que se aumente el presupuesto para educación, no se repita este déficit de gestión y se trabaje un presupuesto en base a indicadores de desempeño en función a metas relevantes (Abusada, Cusato, Pastor 20085).
Gráfico 1: Avance de ejecución de inversiones en los sectores del Gobierno Nacional
Fuente: Grupo Propuesta Ciudadana (2010: 4)
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Asimismo, qué proyectos requieren ser priorizados, justifiquen mayor inversión y permitan un incremento en el presupuesto del rubro de bienes y servicios, que generalmente han tenido una proporción mucho menor que las remuneraciones y que ha configurado lo que Carranza, Chávez y Valderrama (2007)6 llaman “la ‘salarización’ del gasto público en la educación escolar” debido a que un alto porcentaje está destinado a salarios.
La equidad del presupuesto debe llevar en el próximo gobierno a incrementar el gasto allí donde las regiones más pobres requieren de mayor inversión y superar esa tendencia que Carranza, Chávez y Valderrama (2007: 72) constataron en el 2004: “la asignación del gasto por regiones se da en función del número de profesores y no sobre la base del número de alumnos, como podría pensarse debería ser. Esta situación lleva a que existan serias disparidades en la relación entre los gastos en educación y el número de alumnos entre las distintas regiones del país, restándole equidad al presupuesto. La asignación del gasto no se realiza sobre la base del requerimiento efectivo de maestros. Son las regiones con más pobres las que tienen menor gasto por alumno…”
Gráfico 2: Gasto por alumno en educación básica y nivel de pobreza, 2004
(en S/. por alumno y porcentaje de la población total, respectivamente)
Fuente: Carranza, Chávez y Valderrama (2007: 72)
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La correlación entre el gasto y su incidencia esperable en la mejora de la calidad del servicio es sin duda un aspecto problemático. Así, entre el 2000 y 2006, el gasto real presentó un incremento de 49%, sin embargo, el impacto ha sido mínimo en cuanto a la mejora de la calidad considerando el rendimiento en las pruebas nacionales, igualmente todavía es bajo el nivel que muestran los docentes en las evaluaciones que han tenido que enfrentar en los últimos años (Carranza, Chávez y Valderrama 2007).
Así mismo, dado que Educación es uno de los sectores que concentra problemas de corrupción, según los informes de la Defensoría del Pueblo7, y también es percibido así por las encuestas (aparece entre los primeros problemas que la gente percibe del sector)8, cuál será el plan de moralización del sector educación. Creemos que el sector educación requiere no solo de planes de modernización sino también de moralización urgente, dado que la corrupción genera desaliento en la comunidad escolar, además del uso indebido de recursos. Este tema específico no está presente en las secciones dedicadas a educación en los planes de gobierno, aunque el tema de la corrupción está incluido en otras partes de los planes. El Consejo Nacional de Educación en su Propuestas de Política de Educación (CNE 2010: 459) propone de forma explícita objetivos, estrategias y un presupuesto para este punto que establece como bandera: “Se reducirán los espacios que permiten la corrupción en el sector Educación a través de la instalación de un sistema de información electrónica, aumento de transparencia y normas que eviten el abuso de la discrecionalidad, especialmente en temas de autorización de funcionamiento, licitaciones, capacitaciones, contratos y evaluaciones docentes”.
Fuente: PREAL-Grade (2010) Informe de Progreso Educativo, Perú. Lima: Grade. p. 33
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2. ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN BÁSICA
Una herencia todavía preocupante en el país es el analfabetismo, el cual, a pesar de haber disminuido a 23,8% en 14 años – de 12.8% (1993) a 7.1% (2007), según los censos realizados por el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática)- aún mantiene en exclusión social a una población analfabeta (mayores a 15 años) de 1 359 558 personas censadas10. El programa de alfabetización ha sido uno de los cuestionados durante este segundo gobierno del APRA desde la manera de considerar el número de analfabetos, la forma como fue diseñado, implementado y evaluado (Rivero 2009), sin las exigencias técnicas necesarias, según lo denunciaron cerca de 50 profesionales vinculados a la educación luego del discurso presidencial del 2009, en el cual mencionaba que el Perú está próximo a “ser declarado territorio libre de analfabetismo”11.
Lamentablemente, en ninguno de los planes hay una sección específica dedicada a este problema, que proponga diversos planteamientos con metas de logro en el mediano y largo plazo. Dos partidos no lo mencionan en toda la parte dedicada a la Educación (Alianza y Fuerza 2011); en otro es aludido como parte de un diagnóstico (Solidaridad); y en Perú Posible es mencionado como una de las acciones a realizar dentro de un Programa. De manera más enfática, Gana Perú plantea “Programas de alfabetización intercultural”, aunque sin metas de logro.
Salvo Alianza, los demás partidos logran incluir aspectos referidos de forma explícita a la educación en zonas rurales. Destacan las propuestas de Perú Posible, que propiamente presenta planteamientos sobre educación rural que, además de explicitar un enfoque basado en el multiculturalismo y plurilingüismo, establecen diversas metas de logro tanto de aprendizajes, de cobertura e infraestructura, y de estímulo docente. Así, por ejemplo: 50% de niños en nivel suficiente de logros de aprendizaje; 80% de estudiantes rurales atendidos, aumento adicional remunerativo para los docentes rurales de 20%. Por su parte, Solidaridad, para superar lo que denomina la “inequidad entre lo rural/urbano”, propone modelos de educación en alternancia con autonomía de gestión de las escuelas en zonas rurales, pero no explica en qué consiste dicho modelo y tampoco indica metas de logros como se hace en los demás planes12. Además de esos puntos, podemos ver que en otros lugares de los respectivos planes se mencionan propuestas para zonas rurales, de donde se puede inferir que pueden influir en mejorar la educación en dichas áreas.
La propuesta de educación en alternancia tiene un potencial ya experimentado en otros países. Estando en una etapa de iniciación en el país, requiere de mayores estudios piloto para alcanzar una mayor de expansión. Pero iniciativas como esta debieran ser pensadas como parte de un programa – como el Programa de Educación en Áreas Rurales (PEAR), iniciado en el 2003 y cerrado el 2007- que considere no solo aspectos de infraestructura sino también el tipo de capacitación que necesita el docente de escuelas rurales (Ames 2009)13, y en estrecha relación con la política de educación intercultural bilingüe(EBI), buscando superar la falta de planes estratégicos en el Ministerio para potenciar la educación en zonas rurales y la EBI (Trapnell y Zavala 2009)14. .
En torno al tema docente existe un planteamiento explícito en todas las agrupaciones políticas de mejorar la política remunerativa de los docentes, aunque no todos logran incluir una meta de logro. Solo Perú Posible menciona como meta el duplicar la remuneración durante el quinquenio.
Sobre la Carrera Pública Magisterial, solo Gana Perú especifica que se “revisará el sistema de evaluación de la misma”; y habla de una “carrera pública renovada”. Los demás partidos no aluden a ella (Alianza, Solidaridad Nacional) o la aluden pero de forma más neutral. Aquí hace falta una toma de posición de los partidos respecto de la Carrera Pública Magisterial vigente. Sin lugar a dudas, es un punto delicado con consecuencias electorales. Eso probablemente puede estar influyendo en la forma tibia de abordarla. En las recientes elecciones municipales en Lima, este fue uno de los puntos que polarizó la agenda educativa.
Existen tres partidos que manifiestan diversas iniciativas para el reclutamiento, desempeño y perfeccionamiento profesional de los docentes. Para el reclutamiento, Fuerza 2011 incluye un programa de becas de estudio para que los mejores exalumnos de los colegios puedan acceder a las mejores facultades de educación del país, a cambio de enseñar en las escuelas públicas durante los primeros años de su carrera profesional. En relación al desempeño, Perú Posible propone Bonos de Productividad a los maestros cuyos alumnos tengan los mejores resultados en las pruebas nacionales de evaluación de conocimientos, así como en la PISA. En torno al perfeccionamiento, tanto Gana Perú como Perú Posible expresan un interés en desarrollar formas de capacitación docente a través de un Sistema de Formación Docente. Un elemento adicional que incluye Perú Posible es su apuesta por la formación de postgrado de los docentes proponiéndose como meta de logro la formación de 120 mil profesores por un periodo de 2 años. Esta propuesta requiere también de discusión, dado que estamos hablando de casi el 28% de la población docente de Educación Básica Regular15. Esto plantea varias cuestiones y es si hay suficientes escuelas de posgrado en educación con calidad para 120 mil docentes; en segundo lugar, cuáles serán las especializaciones que se priorizarán; y, en tercer lugar, si los docentes no solo tendrán la beca para estudiar sino el tiempo para hacer estudios de calidad de posgrado. Si es así, se generará la necesidad de cubrir plazas.
Entre los aspectos no abordados en los planes de gobierno queremos destacar el referido a la titulación de los profesores. Si bien es cierto que ha aumentado significativamente el porcentaje de profesores titulados en los tres niveles de la Educación Básica Regular, aún no llegamos al 80%. Países como Cuba y Chile están sobre los 90%16 de profesores de Educación Primaria, y nosotros en 76.9%. En el Callao, por ejemplo, el 60% de profesores de Educación Inicial son titulados; en Lima Metropolitana, aproximadamente el 60% de Inicial y Primaria17 son titulados.
Las políticas planteadas tampoco han abordado el tema de la educación privada. Salvo en el caso de Gana Perú, donde hay una posición muy crítica de la educación privada con fines de lucro (“…la salud y educación progresivamente se privatizan para convertirse en lucrativos negocios que excluyen a las mayorías del país. p.11), no hay un planteamiento más explícito de propuestas. En el Perú, el 23% de escuelas de Educación Básica Regular son de gestión privada18, pero en varias regiones hay un aumento significativo: En Lima lo es el 57.8%19, en Arequipa ya llegó al 42%20 y en La Libertad está ya sobre el 27%. En la Educación Superior no universitaria, el 56.5% de instituciones son privadas y en el nivel universitario, el 65%21.
Actualmente, un resorte regulatorio del Estado es el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Básica. Es una institución pública autónoma que forma parte del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, cuyo objetivo principal es garantizar la calidad y mejora permanente de los colegios y centros de educación técnico productiva, no solo públicos sino también privados, para que logren acreditar el servicio que ofrecen. Este debiera ser uno de los instrumentos regulatorios centrales del Estado para trabajar la calidad en las escuelas, tanto de gestión pública como de privada. En los planes de gobierno no se menciona al IPEBA y solo en uno (Perú Posible) se menciona al SINEACE.
Otro instrumento para generar un marco de comunicación al interior de la educación pública y la educación privada, y que ningún partido retoma de forma específica, es uno mencionado en el Proyecto Educativo Nacional (PEN), que puso énfasis en la creación de “Redes Escolares Distritales” responsables del desarrollo educativo local22. Lamentablemente, en lugar de potenciar esto, el Gobierno actual priorizo un proyecto piloto de municipalización que terminó siendo problemático. Aún más: el PEN planteaba la creación de Programas de Apoyo y Acompañamiento itinerantes para las Redes Escolares Distritales. Allí hay orientaciones que pueden ayudar a una mayor cooperación entre ambos tipos de escuelas.
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3. EDUCACIÓN TÉCNICA
Los cinco partidos políticos hacen referencias explícitas a la educación técnica aunque solo dos de ellos logran presentar metas de logro específicas relacionadas con la gestión de nuevas instituciones. Alianza plantea la creación, asociada entre el Estado y empresas lideres, de 15 y 20 escuelas superiores técnicas agro-industriales-mineras en las principales regiones del Perú. Los jóvenes ingresarían mediante examen al culminar el tercer grado de Educación Secundaria, estudiarían en sistema de internado durante cinco años, y se especializarían en agricultura, industria o minería.
Por su parte, Perú Posible propone dos tipos de instituciones: el Servicio Nacional de Adiestramiento para el sector agrario y Centro Nacional de Entrenamiento para la Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología. En estos, los investigadores más destacados, miembros de la CCT, enseñarían a los profesores de educación primaria, secundaria y a los universitarios los últimos avances de la ciencia y la tecnología del Perú y del mundo. Así se convertirían en el semillero de científicos e ingenieros.
En efecto, el tema de la educación técnica es singularmente importante para pensar el desarrollo futuro del país. Como señala Jaramillo (2008)23, “En la última década, la demanda de trabajadores con educación superior no universitaria ha crecido más rápidamente que la de aquellos con nivel universitario. El problema está en la oferta: no existe un sistema que asegure niveles mínimos de calidad para la formación técnica, ni sistemas de información para que los jóvenes o sus padres puedan discriminar entre entidades buenas y malas. Se desperdician las oportunidades que trae el cambio tecnológico y cada vez más jóvenes ven frustradas las expectativas que los llevaron a invertir en su formación. Una reforma de la educación superior no universitaria que apunte a mejorar su calidad debería ser una prioridad para las políticas de gobierno.”
Pero el tema de la educación técnica requiere además ser potenciado desde el propio currículo de la Educación Básica, como lo plantea la propia La Ley General de Educación N° 28044, que contempla que “La culminación satisfactoria de la Educación Básica, en cualquiera de sus modalidades y programas, da derecho al diploma de egresado con mención en un área técnica que habilite al egresado para insertarse en el mercado laboral y lo faculte para acceder a una institución de nivel superior (Art. 35)”.
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4. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
Todos los partidos presentan diversos planteamientos para la educación universitaria. En torno al acceso, Perú Posible propone una política de discriminación positiva para otorgar 1000 becas universitarias completas para jóvenes afroperuanos y amazónicos, y Solidaridad plantea establecer un sistema masivo de becas y préstamos para que los mejores profesores y estudiantes de los colegios públicos puedan acceder a las mejores universidades y programas de post grado. En un sentido similar, Fuerza 2011, manifiesta su intención de implementar “un innovador programa de becas estatales que permitirá a jóvenes talentosos de los sectores de menores recursos estudiar en las mejores universidades del país y del extranjero para formarse como profesionales, a cambio de trabajar por un plazo determinado, al terminar la carrera, para el Estado y contribuir a fortalecer la administración pública. Para ello, estableceremos un programa de becas para estudios de pre y post-grado”.
También hay una tendencia sostenida por dos partidos de crear nuevas universidades o sistemas de integración universitaria. Gana Perú plantea ambas posibilidades. La primera sería la Universidad de Altos Estudios Científicos y Tecnológicos, conformada por profesores seleccionados mediante la Ley de Carrera del Investigador y por alumnos seleccionados y becados por el Estado, como manera de formar líderes de ciencia y tecnología en el Perú. La segunda es la creación de un sistema de universidades regionales con programas de ciencia y tecnología para fomentar el desarrollo industrial regional, financiadas con las concesiones mineras y energéticas al capital extranjero.
Perú Posible también propone crear una nueva universidad: la Universidad Nacional de las Artes, para promover las vocaciones artísticas y apoyar las distintas manifestaciones de la cultura. Bajo una perspectiva similar a la ensayada en otros países, busca construir y equipar tres grandes ciudades universitarias en los andes denominadas Quipu Tambos dedicadas a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, donde estudiarían alumnos becados para especializarlos en la gestión y utilización de las tecnologías de la información y comunicaciones, reforzando la exportación de servicios de desarrollo de software. Este planteamiento implica estar articulado con la política de innovaciones del Estado y específicamente con la de patentes, siendo está muy baja en el Perú (en el 2005 eran de aproximadamente 524). Esto es mencionado por el mismo partido en otra sección dedicada a la Ciencia y Tecnología, en la cual propone crear el Centro de Creatividad e Inventiva para promover y resguardar los inventos y las patentes.
En un nivel más alto, Perú Posible propone la creación del Consejo Nacional de Desarrollo de la Universidad Pública, que articule la formación profesional, investigación y desarrollo científico y tecnológico con los requerimientos reales del país. La pregunta aquí es sobre la naturaleza jurídica de este Consejo y hasta donde podrían llegar sus atribuciones.
El tema de la acreditación de las universidades está abordado en solo dos de los planes. Perú Posible plantea como meta de logro que el 100% de Facultades de Educación estén acreditados y en el plano más normativo propone “la modificación de la Ley del SINEACE N° 28740, dándole facultades para demandar a las Instituciones Educativas, información relevante y, a partir de la cual pueda definir criterios para la evaluación, acreditación y certificación, proponer políticas y articular a los órganos operadores” (p. 13). Solidaridad propone instituir un Programa de Acreditación de Institutos y Universidades de acuerdo a estándares establecidos para garantizar la calidad de la educación superior y también crear un sistema de información donde el público pueda conocer los resultados de la acreditación de las instituciones de educación superior.
Un aspecto destacable es cómo piensan los partidos desarrollar una de las dimensiones más críticas de la universidad: la investigación y los posgrados. Al respecto, todos los planes de gobierno las mencionan, aunque solo algunos incluyen metas de logro de financiamiento. En primer lugar, hay quienes optan por el incentivo de becas para la formación en posgrados internacionales. Lo plantea Alianza pero con una meta más específica lo hace Perú Posible: “Otorgar 1000 becas de postgrado internacional a los mejores graduados en las universidades públicas” (p. 24). En la misma línea del financiamiento dedicado a crear estructuras de soporte están lo que propone Perú Posible con un Fondo de Desarrollo de Ciencia, Tecnología y Posgrados, asignando el 80% de sus recursos mediante modalidades concursables y 20% según criterios de apoyo a las universidades públicas de menor desarrollo relativo. Por su parte, Gana Perú, incluye la participación del Estado con 50% de la inversión en la investigación que realizan en colaboración las universidades y las empresas. También en esa línea, Solidaridad propone Institucionalizar/fortalecer fondos concursables de investigación para las universidades y centros de investigación.
Otros planteamientos sugerentes están vinculados a especializar la función de investigación en el cuerpo académico. Así, Gana Perú plantea el seleccionar por concurso, mediante la Ley de la Carrera de Ciencia y Tecnología, profesores investigadores de universidades privadas o estatales que deseen dedicarse a la investigación en la universidad, en colaboración con la empresa. A ello se suman, también por concurso, jóvenes egresados para realizar tesis en temas que desarrollan los profesores investigadores.
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5. GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
En relación a la gestión del sector, en lo que concierne a su descentralización, y especialmente a la municipalización de la educación básica iniciada por el gobierno del APRA, dos partidos no expresan una posición al respecto (Alianza y Fuerza 2011). Gana Perú critica la municipalización iniciada por el gobierno actual, sin embargo no queda muy explícita si proponen suspenderla. Perú Posible solo dice que “revisará las experiencias de transferencias en salud y educación” , y Solidaridad habla en términos globales de fortalecer el rol de las municipalidades para la vigilancia del desempeño educativo.
A pesar de que la municipalización de la educación básica es un tema controversial, que generó una oposición no solo sindical sino de diversas instituciones, entre ellas Foro Educativo25, lo que ocasionó una marcha atrás en el intento de generalización a más de 600 municipios por parte del gobierno, los planes de gobierno no explicitan una toma de posición o una política más definida de las competencias de los gobiernos locales.
Respecto a qué plantean los partidos sobre la participación y vigilancia en la educación, dos partidos no exponen una posición al respecto (Solidaridad, Fuerza 2011) , mientras que Gana Perú, lo propone a través del concepto “movimiento ciudadano por la educación”, cuyo eje deber ser un acuerdo social y político que trascienda a los docentes y escolares, y que afirme la educación como una política de Estado. También reconoce el Proyecto Educativo Nacional, como “la propuesta de mayor consenso social y político de los últimos años”. Perú Posible también anuncia un “Pacto Nacional por la Educación” que permita consensos para elevar el presupuesto en educación. Las referencias a este tema entre quienes lo abordan obvian la referencia explícita al Sindicato de Docentes, Colegio de Profesores, APAFAS u otras instituciones de la sociedad civil. Más aún, ningún partido plantea fortalecer espacios que el mismo Ministerio de Educación en años anteriores auspició para la participación y la vigilancia de las políticas educativas, como la experiencia del Foro Nacional de Educación para Todos, que permite la confluencia de 50 organizaciones públicas y privadas en torno al Plan Nacional de Educación para Todos 2005-201526 a fin de cumplir los compromisos suscritos por el Perú en el Foro Mundial por la Educación de Dakar y que fuera aprobado por Resolución Ministerial en el 2004. Tampoco se hace mención de otros espacios de participación y vigilancia situados a un nivel más micro, como son las Defensorías Escolares (“tan solo 250 en colegios a nivel nacional”27) y Municipios Escolares (estos últimos en el 2003 sumaban 6,135 en 19 de las 24 regiones28). Ambos constituyen espacios singulares para empoderar a los estudiantes como sujetos de derechos y responsabilidades.
En general, podemos observar en los planes de gobierno el déficit de políticas que desde el Ministerio de Educación promuevan espacios institucionalizados de consulta, concertación, participación y vigilancia; espacios que debieran ser parte de la afirmación de una cultura democrática en la manera de construir Estado desde la educación. En ese sentido, las políticas de modernización del sector y mejoramiento de la calidad educativa no pueden estar aisladas de las políticas de participación en los diferentes niveles de las políticas educativas.
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